Renta petrolera y capitalismo de estado (1)
En una nota anterior comparé brevemente la utilización de la renta en Venezuela con la experiencia de los países petroleros del Tercer Mundo en los años 1970, cuando se intentó la industrialización en base al manejo estatal de la renta. Arabia Saudita, Irán, Libia, Irak, Argelia y la misma Venezuela, fueron casos destacados. Sin embargo, ninguno superó la dependencia y el atraso. Peor aún, varios países terminaron en agudas crisis y aplicando políticas pro mercado y antipopulares. ¿Por qué la lluvia de renta no pudo impulsar un desarrollo de las fuerzas productivas con bases sólidas? Posiblemente no haya una única respuesta, pero ante las dificultades que enfrenta hoy el proyecto chavista, vale la pena echar una mirada a los problemas y contradicciones de la experiencia de industrialización, sostenida en la renta petrolera, de los años 60 y 70. Es lo que tratamos en esta nota, con especial atención a la experiencia de Venezuela. Debido a su extensión, la presento en dos partes.
Ingreso rentístico sin desarrollo
Tal vez el caso histórico paradigmático de un país que recibe una enorme renta que no se emplea productivamente, sea España. Luego de recibir una enorme cantidad de oro y plata, proveniente de América, a lo largo del siglo XVI, la gente tomaba conciencia de que el oro llegado de América “no se quedó en España, sino que fue sustituido por una montaña de créditos, de compromisos, de títulos de renta y de mala moneda circulante” (Vilar, 1982, p. 229). Se observaba por entonces que no había actividad, las gentes vivían sin producir y “los impuestos son enormes porque el Estado está endeudado” (pp. 229-30). La entrada del oro había fomentado actividades improductivas, había “parasitismo colonial”, y los observadores pedían fomentar la industria, la agricultura e incrementar población (ídem, p. 231). Se constataba así que no era suficiente con inyectar renta España para que hubiera desarrollo; hacían falta transformaciones sociales para abrir un cauce a la acumulación.
Mutatis mutandi, puede decirse algo semejante acerca de las experiencias de los países petroleros del Tercer Mundo en el siglo XX y los inicios del XXI. Recibieron una enorme renta, pero al día de hoy continúan siendo tecnológicamente atrasados, y sus economías altamente desestructuradas y vulnerables. Varios autores han llamado la atención sobre este fenómeno. Así, y refiriéndose a Venezuela, Héctor Malavé Mata escribe: “La explotación petrolera.. le ha conferido una tipología particular a la economía del país, generando en ésta la asimetría estructural, la dependencia externa y la vulnerabilidad que la caracterizan indefectiblemente” (p. 28). Aunque durante mucho tiempo se habló de “convertir la renta petrolera en factor de desarrollo sostenido” (p. 29), en 1976 (año de la nacionalización de la industria de los hidrocarburos) persistían los síndromes del “país petrolero”, tales como una estructura asimétrica de la economía, la dependencia fiscal del petróleo y la expatriación de plusvalías territoriales (p. 44). Los problemas continuaron después de 1976: “A mediados de la década de los ochenta persistía el raquitismo estructural del crecimiento de la economía” (p. 45). En un plano más general, Asdrúbal Baptista, considera que existe una secuencia general, derivada de la inseparabilidad del origen de la renta de su uso y destino: “el desarrollo capitalista de una economía originalmente muy atrasada, basado en el aprovechamiento de una renta internacional de la tierra, sigue un curso previsible. A un período de intenso y generalizado crecimiento y maduración le sigue un aprovechamiento cada vez menor de la renta captada y empleada a los fines de crecer, hasta alcanzarse una situación en la que con la madurez aparecen necesidades institucionales y estructurales cuya satisfacción se enfrenta a la presencia misma de la renta. En esta condición históricamente final, los circuitos de la acumulación se entraban, impidiendo un desarrollo autosostenido y prolongado” (p. xxxiv). Más adelante apunta que el destino del ingreso rentístico “puede moverse desde la simple dilapidación… hasta su más rigurosa acumulación capitalista” (p. 21).
¿Limitación por demanda o problemas de estructura social?
El tema entonces es responder por qué la vía rentística-estatal-capitalista de industrialización de los países exportadores de petróleo del Tercer Mundo ha terminado en vía muerta. El propio Baptista presenta una explicación del fracaso. Sostiene que la dificultad reside en que, en los países rentísticos, las importaciones de medios de producción, que son financiadas con la renta, no tienen como contrapartida ingresos internos que sirvan para absorber el producto resultante del incremento de la capacidad productiva. En otras palabras, “no hay domésticamente ingresos para comprar los adicionales bienes producidos con el auxilio de estos instrumentos de producción importados” (pp. 208-9). Por lo cual, “el capitalismo rentístico, en líneas generales, no es viable en el largo plazo” (p. 209); existiría por ende una dificultad “estructural” para el desarrollo. Anotemos que esta explicación es una variante, centrada en la demanda, de la llamada “debilidad de la capacidad de absorción” de las inversiones (véase más adelante). La solución, según Baptista, pasaría por que la renta, a un mismo tiempo, pudiera dirigirse hacia la oferta y la demanda “con una razonable posibilidad de armonía entre ambas” (p. 211). Pero esta “armonía” es casi imposible. De ahí que concluya que, indefectiblemente, a la expansión de esa industrialización basada en la renta, deberá seguir el estrangulamiento del desarrollo.
El problema de esta tesis es que no parece haber una razón clara para que exista una limitación estructural de la absorción del producto que es incrementado con la inversión productiva de la renta. Para explicarlo con un ejemplo, supongamos una economía de farmers, que goza de una alta renta diferencial de la tierra, y cuya producción se exporta mayoritariamente; los farmers se apropian entonces de renta “internacional”, para utilizar la terminología de Baptista. Luego, esa renta, más la ganancia del capital, es reinvertida por estos granjeros, no solo para ampliar la producción agraria, sino también para iniciar (los más ricos) la producción industrial. ¿Por qué debería existir una insuficiencia estructural de demanda para esa producción incrementada? No se alcanza a visualizar la razón. Al contratar trabajadores productivos, se genera valor que conforma un poder de compra equivalente al valor agregado que es lanzado al mercado, bajo la forma de producto. Estamos en la reproducción ampliada “a lo Marx”. El hecho de que una parte del valor invertido en la industria sea renta, no cambia la naturaleza del asunto. Por eso, no habría razones para que exista una insuficiencia estructural de demanda si la renta se capitaliza productivamente.
Aclaremos también que es un error sostener, como hace Baptista, que la renta diferencial no es valor generado al interior de la nación, sino un ingreso que proviene de un “recargo” impuesto por “el ejercicio monopólico que entraña la propiedad territorial” (p. 33). La renta -sigo en esto la teoría de Marx- es valor generado por el trabajo que se aplica a los pozos relativamente más productivos. Ese trabajo funciona como trabajo potenciado.
Esta discusión preliminar sugiere entonces la necesidad de encarar los problemas de las economías rentísticas poniendo el acento en las estructuras de la oferta, más precisamente, en la estructura social de producción. Pareciera que ciertas estructuras sociales pueden ser decisivas en un proceso de desarrollo capitalista. Y en este punto, rescato un viejo artículo -es de 1983- de Abdelkader Sid Ahmed, referido a las economías petroleras (ver bibliografía). Dado que el escrito es poco conocido, y difícil de conseguir, en lo que sigue presento sus ideas principales con alguna extensión.
La explicación de Sid Ahmed
Sid Ahmed sostiene que después de la suba de los precios del petróleo en 1973-4, los países exportadores recibieron un fuerte impacto negativo con la caída del precio en 1982-3. Plantea que el crecimiento de los ingresos petroleros parecía haber llevado a la hinchazón de las importaciones, al desaliento de las exportaciones y de todo esfuerzo productivo. En particular, la devaluación del peso mexicano de comienzos de 1982, siendo una economía con recursos técnicos y humanos superiores a los de otros países, mostraba que “existe una lógica de la renta que puede oponerse a la lógica de la producción” (p. 63). En este nivel, sostiene Sid Ahmed, el desarrollo no debería medirse en términos del número de kilómetros de rutas o de líneas eléctricas tendidas, ya que supone más bien “la edificación de una economía volcada hacia la creatividad, el esfuerzo productivo y el ahorro interno” (ídem). Anotemos que la referencia a la “creatividad” empalma con la insistencia de los neoschumpeterianos en la importancia de la innovación tecnológica y la investigación y el desarrollo en los países atrasados. Desde el punto de vista del marxismo, hablaríamos de la necesidad de avanzar en el trabajo complejo y en la producción de mercancías con alto valor agregado.
Sid Ahmed plantea luego que en la relación entre renta y trabajo productivo de las economías petroleras reencontramos el rompecabezas de los economistas clásicos. Es que asimilar sencillamente la acumulación de capital a partir de una renta, a la acumulación del capital a partir del trabajo productivo, lleva a ignorar las características principales y estructurales del funcionamiento de las economías rentísticas. Lo cual es particularmente cierto para las rentas mineras (provenientes de diamantes, petróleo, oro, etc.), que juegan un rol de primer orden en el financiamiento de la economía nacional. Es que la valorización de los recursos naturales, o incluso la industrialización, no son una panacea, ya que sin una estrategia realista de desarrollo equilibrado, la valorización solo constituye una nueva forma de dependencia. Más precisamente, y en ausencia de un tejido industrial tecnológico y educacional serio, hay que hablar de un proceso acelerado de modernización técnica, pero no de desarrollo (Sid Ahmed utiliza el término “crecimiento”). Lo decisivo es que éste “supone la existencia de sistemas productivos relativamente integrados, con productividad en avance” (p. 64). Pero en las economías petroleras el sector productivo es limitado, y tienden a predominar los servicios. “En las economías petroleras, el Estado juega un rol principal pues redistribuye la renta. El bienestar -cuya amplitud depende del volumen de la renta-, que caracteriza a las economías petroleras y cuya característica es aislar totalmente el reparto de la producción, ha transformado un cierto número de estas economías en economías de asistidas, esto es, de pensionados” (ídem). Por este motivo, en ellas se pueden ver los signos del crecimiento -elevación del nivel de vida de la población, medicina gratuita, subvención de los productos de primera necesidad, etcétera- coexistiendo con una estructura productiva rudimentaria. Se refiere también a políticas voluntaristas, impotentes para movilizar la creatividad y las energías de los agentes, y destaca algunas características de estas economías:
a) La inexistencia de un vínculo entre la producción y la distribución. Los ingresos petroleros recibidos por los Estados no tienen su origen en sus sistemas productivos.
b) El valor agregado por la industria petrolera al PBI constituye un componente mayor de éste. Asimismo, los ingresos petroleros en relación a los ingresos totales del Estado y a los ingresos totales en divisas constituyen una proporción importante de estos últimos.
c) La existencia de una renta sustancial está en el origen de gastos públicos importantes sin que se ejerzan las constricciones tradicionales de orden fiscal, de balance de pagos y de inflación que padecen otros países en desarrollo.
d) El avance más rápido de los ingresos petroleros en relación al PBI se traduce en un desarrollo sin precedentes del sector público. Los conflictos de clases tienden a ordenarse en torno del reparto de la renta.
Sid Ahmed señala también que los desempeños en crecimiento de las economías exportadoras de hidrocarburos son en general mediocres, en vista del esfuerzo inversor realizado. Se revela una incapacidad para pasar de la fase de inversiones extensivas a las intensivas, y la inversión pública extensiva, aunque crea demanda, no genera sin embargo los cambios estructurales que harían posible el desarrollo socio-económico (p. 68), Además, la economía petrolera posee un “carácter explosivo potencial” debido a las oscilaciones bruscas de los precios y de la demanda mundial. Cuando sobrevienen los problemas “el poder de compra es amputado brutalmente, las subvenciones a los consumidores, muchas veces considerables, son reducidas o incluso suprimidas y las devaluaciones alcanzan una amplitud inimaginable en situaciones normales, como lo muestra la experiencia mexicana de los últimos años” (p. 71).
La “debilidad de la capacidad de la absorción”
En su artículo Sid Ahmed plantea que a partir de los planes de ayuda a los países subdesarrollados implementados por el Banco Mundial, en los años 1948-9 comenzó a prestarse atención a la llamada “capacidad de absorción”, una noción que se ha convertido en un lugar común en la literatura sobre desarrollo. El concepto alude a las dificultades que puede encontrar la inversión productiva por: a) la débil demanda y poca extensión de los mercados internos y externos; b) la carencia de infraestructura adecuada; c) los obstáculos de orden político, institucional o socio cultural. Estos factores podrían imposibilitar la acumulación sostenida (el planteo de Baptista sobre el estrangulamiento por insuficiencia de demanda es, en el fondo, una variante de esta línea de pensamiento). Pero Sid Ahmed sostiene que el concepto es limitado, ya que “la capacidad de absorción de un país podría ser cambiada en dinámica por la eliminación de uno u otro de los obstáculos antes mencionados” (p. 72). En particular, tanto las insuficiencias de la demanda, como de la infraestructura productiva, podrían ser remontadas. Todo depende de las transformaciones estructurales. En palabras de Sid Ahmed: “El concepto de absorción es demasiado limitado y estrecho para reflejar las transformaciones estructurales que exige la era del post-petróleo, y sobre todo este concepto pasa por alto los efectos perversos que ejerce la renta de hidrocarburos sobre la génesis del desarrollo autosostenido” (pp. 73-4). Una cierta estructura social como condición inicial puede llevar a que la renta petrolera retroalimente esa misma estructura, dando como resultado la persistencia en el tiempo de las características que definen a la estructura del país petrolero. La enseñanza que se desprendería de esto parece clara: una “revolución” no puede consistir en el mero reparto de la renta, desde alguna estructura de poder estatal. Un capitalismo de estado “rico”, debido a la disposición -por algún período de tiempo más o menos largo- de una abultada renta, no es condición suficiente para dar lugar a un proceso de desarrollo capitalista de las fuerzas productivas.
Textos citados:
Baptista, A. (2010): Teoría económica del capitalismo rentístico, Caracas, Banco Central de Venezuela.
Malavé Mata, H. (2006): La trama estéril del petróleo, Caracas, Rayuela Taller de Ediciones.
Sid Ahmed, A. (1983): “Développement sans croissance, l’expérience des economies pétrolières du tiers monde”, Critiques de l’economie politique, pp. 63-95.
Vilar, P. (1982): Oro y moneda en la historia (1450-1920), Barcelona, Ariel.
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“Renta petrolera y capitalismo de estado (1)”
Lorenzino, Kicillof y devaluación, ¿desfachatez o ignorancia?
En su presentación del día de ayer ante el Senado, el equipo económico -Hernán Lorenzino, ministro de Economía, Axel Kicillof, viceministro, Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Central y Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP- dejaron en claro, una y otra vez, que el Gobierno K es enemigo de las devaluaciones. “No hay razones para que el Gobierno piense en devaluar”, dijo Lorenzino. Y el doctor Kicillof se explayó largamente sobre el tema. Durante más de 40 minutos disertó acerca de los males que históricamente provocaron las devaluaciones. Así, explicó que generan inflación y recesión, aumentan el desempleo, disminuyen el poder adquisitivo de los argentinos, para concluir que actualmente, devaluar “sería la salida para un problema que no existe”. Todo esto condimentado con las condenas a la macroeconomía de los manuales, que ya son un “clásico” en “heterodoxia” (acerca lo que pienso de esta “heterodoxia”, ver aquí).
Pues bien, el argumento de Kicillof invisibiliza las cuestiones fundamentales implicadas en las devaluaciones. Es que la devaluación ha sido siempre un medio para bajar salarios (esto es, para provocar una redistribución regresiva del ingreso) de todo gobierno y del capital en general. Por eso, ha sido empleada por gobiernos de diferentes orientaciones. Esto es, no sólo por la “ortodoxia neoliberal” (digamos, al estilo Frondizi o Krieger Vasena, bajo Onganía), sino también por el “movimiento nacional y popular”. En particular, la devaluación de 2001-2 ocurrió bajo el gobierno de Duhalde, y fue apoyada por casi todo el espectro político, incluyendo a los Kirchner y a muchos otros funcionarios del actual gobierno, y destacados representantes del “pensamiento nacional”. Y esa devaluación fue clave para la recuperación del ciclo de negocios en Argentina (esto es, la salida de la crisis no se produjo por vía “progresista”, sino por aumento de la explotación del trabajo). Por supuesto, prudente para con sus mandantes, el doctor Kicillof pasó por alto esta pequeña circunstancia.
Pero además, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, el banco central intervenía en el mercado para evitar la apreciación del peso. De nuevo, el doctor Kicillof se “olvidó” de aquellos años de alabanzas al peso depreciado, cuando el discurso dominante presentaba el “modelo de crecimiento basado en el tipo de cambio alto” como la antítesis del “modelo neoliberal de los 90”, de moneda apreciada en términos reales. Por entonces parece que la receta del “manual de macro ortodoxa” era la apreciación del peso, y la “heterodoxia” era moneda devaluada. Con moneda devaluada, más superávit fiscal, se nos decía, se superarían el atraso y la dependencia del capitalismo argentino. En otras notas he discutido las debilidades y contradicciones que encerraba esto, y no tengo que volver a ello aquí. Lo que destaco ahora es que el cuento que cuenta Kicillof se cae por los cuatro costados.
¿Quién devalúa?
Según Moreno, Kicillof, Marcó del Pont y Lorenzino, la inflación en Argentina es la que dice el Indec. También dicen que el Gobierno no devalúa. Entonces, vamos a los números para ver qué hay de cierto.
La realidad es que entre diciembre de 2007 y marzo de 2013 la inflación, fue del 59% (Indec). En ese lapso la devaluación fue del 64,5%. Entre enero de 2012 y enero de 2013 la inflación fue del 11% (Indec); en mismo período el tipo de cambio oficial aumentó 13%. En los tres primeros meses de 2013 la suba acumulada de precios fue del 2,4% (Indec), en tanto la devaluación del peso fue del 3,8%. Esto significa que el ritmo de devaluación, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se ubicó por encima de la tasa de inflación (calculada según el Indec, que los funcionarios dicen que es la única válida). Hubo entonces, según los datos proporcionados por el equipo económico, una depreciación real de la moneda (y esto sin tomar en cuenta la inflación externa), impulsada por el mismo equipo económico que está diciendo que no impulsa la devaluación porque genera bajas de salarios e inflación.
Además, el ritmo de inflación se está acelerando, ya que se ubica en el 16% anual (tomando como referencia el primer trimestre). Esto cuando la inflación proyectada por el Gobierno (en el cálculo del presupuesto) es del 10,8%. ¿Cómo están diciendo entonces que no devalúan? Además, si no hay que devaluar para solucionar un problema “que no existe”, ¿por qué se devalúa? Y si no devalúan, ¿por qué el tipo de cambio manejado por el Central pasó de menos de $2,90 en enero de 2005 a $5,23 en la actualidad? (casi 80% de devaluación). La conclusión: o están mintiendo desfachatadamente, o no saben hacer las cuentas.
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Lorenzino, Kicillof y devaluación, ¿desfachatez o ignorancia?
Corrupción y capitalismo (2)
Continuación de la parte (1)
Estado, capital en general y capitalistas
La posibilidad de que la corrupción se transforme en una palanca de acumulación reconoce un anclaje, en última instancia, en la contradicción que existe entre las funciones del estado, en tanto representante de los intereses del capital “en general”, por un lado, y los intereses de los capitales particulares, por el otro. Es a través de esta articulación específica que se despliegan las tensiones y conflictos en torno a la problemática de la corrupción.
El enfoque teórico más general de lo que sigue es tributario de la “escuela de la derivación”. La idea es que las leyes del movimiento del modo de producción capitalista, que actúan como tendencias, se relacionan siempre con el capital social total; pero éste sólo existe bajo la forma de capitales particulares, los cuales necesitan las condiciones materiales adecuadas para desplegar el proceso de valorización. El problema es que muchas de esas condiciones no pueden ser creadas por los capitales en particular; a veces, porque se trata de actividades que no rinden beneficios, otras veces porque no tienen la envergadura necesaria para encararlas, o por otras razones. “Se requiere entonces una institución especial que no esté sujeta a las limitaciones del propio capital, una institución cuyos actos no estén determinados así por la necesidad de producir plusvalor, una institución que es especial en el sentido de estar ‘junto a la sociedad burguesa y el margen de ella’ (Marx y Engels)” (Altvater, p. 91).
Esta institución es, por supuesto, el estado; “una forma específica que expresa los intereses generales del capital” (idem, p. 92). Por eso, el estado, junto a la competencia, “es un momento esencial en el proceso de reproducción social del capital” (idem), que por su naturaleza tenderá a expresar los intereses del capital en general. Pero esto no ocurre libre de contradicciones, ya que “el capital en general” solo existe a través de la guerra competitiva de los capitales singulares. De aquí que haya múltiples fuentes de tensiones. Por caso, el estado requiere trabajo burocrático (además del ideológico y represivo) que implica gasto improductivo. Ello implica un drenaje de plusvalía (a través de los impuestos), que cada capital en particular intentará reducir al máximo, pero que en interés del capital en general, no pueden bajar de ciertos mínimos. Asimismo, en muchas ocasiones el estado debe garantizar los intereses generales, por sobre intereses particulares. Por ejemplo, cuando impone reglamentaciones por las “deseconomías externas” que generan determinadas actividades (por caso, contaminación ambiental). Y a veces el estado debe imponerse sobre el conjunto del capital, para defender el interés de este mismo capital en general. Para dar un ejemplo histórico, en los orígenes del capitalismo industrial el afán desmedido de ganancias y la explotación pusieron en peligro la existencia misma de la clase obrera, por lo cual el estado británico impuso restricciones (a la jornada laboral, al trabajo infantil, etc.), a fin de preservar a “la gallina de los huevos de oro”.
Corrupción y capitalismo (1)
En las últimas semanas la corrupción ha vuelto al primer plano de la atención pública, a partir de las denuncias realizadas por Jorge Lanata y su equipo de “Periodismo para todos”. Como no podía ser de otra manera, las opiniones están muy polarizadas. La oposición burguesa y los críticos del gobierno sostienen que la corrupción existe y está muy extendida, y es la causa última de los altos niveles de pobreza, la falta de obras de infraestructura y otros problemas. Los K-defensores y el gobierno, por el otro lado, minimizan el problema, o desvían la discusión. Algunos afirman que la corrupción no existe, o es despreciable (“están buscando el pelo en el huevo”); otros recurren al cómodo argumento de “no hay que hacerle el juego a la derecha” o “los que denuncian son desestabilizadores golpistas”. Y están los que, más o menos en privado, justifican el robo diciendo que es necesario hacerse de fondos para “enfrentar a los grupos concentrados” (también a la oligarquía, a los golpistas, etc.); o para generar una burguesía “antiimperialista”. Así, la corrupción podría llegar a ser una palanca del desarrollo nacional. Es un abordaje opuesto al que dice que la corrupción es la principal traba al crecimiento económico. En esta nota presento algunos elementos para ayudar al análisis y la reflexión. La he dividido en dos partes.
Relación histórica entre corrupción y desarrollo económico
La primera cuestión a señalar es que, contra lo que sostienen muchos, no existe una relación clara entre corrupción y desarrollo económico. Éste es un punto que establece con meridiana claridad Ha-Joon Chang (2009). Sostiene que países considerados muy corruptos, han tenido un desarrollo económico más elevado que otros con menos corrupción, y viceversa. También recuerda que hubo países que se industrializaron, a la par que “su vida pública fue espectacularmente corrupta”. Por ejemplo, en Gran Bretaña y Francia la venta de cargos públicos fue una práctica corriente hasta el siglo XVIII. En Gran Bretaña los ministros normalmente tomaban fondos públicos para su beneficio personal. En Estados Unidos el nepotismo dominaba la asignación de cargos públicos. También en Gran Bretaña y EEUU las elecciones eran claramente fraudulentas.
Desde el punto de vista teórico, el argumento central de Chang es que la corrupción genera transferencias de riqueza, pero esto no implica necesariamente estancamiento, ya que el desarrollo depende de si esas ganancias “sucias” se invierten, o no, en el país. Podemos decir que si bien el planteo debería matizarse -pueden existir efectos negativos que Chang no considera-, socava la idea simplista, de Lanata, Carrió y tantos otros, de que basta con eliminar la corrupción para que haya desarrollo. En Argentina, en la época del tan elogiado (por los neoliberales) “modelo agroexportador”, la corrupción y el fraude en las elecciones eran la norma. Los negociados que se hacían con la obra pública, o la apropiación de tierras por parte de la elite gobernante, no tienen nada que envidiarle a lo que hizo el menemismo, o a lo que hacen los funcionarios K. Sin embargo, Argentina creció a altas tasas, hasta 1929. Es cierto que la economía argentina estaba atrasada con respecto a los países industrializados, pero esto no se debió a la corrupción.
Debate sobre la inflación en la Argentina (4)
Continúa la parte (3)
Como puede anticiparse de lo que he venido planteando en lo anterior, sostengo que la actual alta inflación en Argentina tiene su raíz en la salida devaluatoria e inflacionaria de la crisis y depresión de 2001-2. Por supuesto, la mayoría de los economistas tienden a coincidir en que la devaluación de 2001-2 fue la causa principal del alza de precios de 2002. Es que no hay forma de explicar esa tasa de inflación por emisión monetaria, por déficit fiscal, o por puja distributiva, para aludir sólo a las razones más mencionadas. Sin embargo, realizado este reconocimiento, monetaristas y keynesianos rápidamente pasan por alto que aquella fuerte depreciación de la moneda, levantó la restricción monetaria a la que hacía referencia Rowthorn (ver la tercera parte de esta nota) y abrió el cauce para que se instalara una dinámica de ajustes y variaciones en la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo, y entre las diferentes fracciones del capital, por vía de las alzas de precios, salarios y nuevas subas del tipo de cambio. Como lo hemos explicado en otras notas y trabajos, la devaluación de 2001-2 significó un profundo ajuste bajista de los salarios, tanto en término de los precios internos, como de la moneda mundial. Pero además, significó una profunda modificación de los precios relativos, y de las tasas de rentabilidad, a favor de los sectores productores de bienes transables, y en detrimento de los precios y rentabilidades de las ramas de no transables (típicamente, salud y educación privadas, transporte, comunicaciones, vivienda, y similares). Esta situación, seguida de la recuperación de la economía en los años posteriores a la devaluación, generó el escenario para que los ingresos del trabajo, y de las fracciones del capital vinculadas a no transables, recuperaran terreno vía ajustes alcistas.
Lo importante de esto es que la actual dinámica inflacionaria no se puede analizar abstrayéndose de este antecedente. Pero esto es lo que hacen monetaristas y “heterodoxos K”. Los primeros sostienen, desde hace años, que la inflación se debe pura y exclusivamente a la emisión monetaria. Los segundos, afirman que las razones son sólo “estructurales”. Así, por ejemplo, el Banco Central, en su informe de la programación monetaria para 2013, atribuye las causas de la inflación a “la presencia de desequilibrios en la estructura productiva, los ‘cuellos de botella’ en determinados sectores, la puja distributiva, la formación oligopólica de precios y los shocks exógenos de precios internacionales”. Aunque también parece otorgar su parte al aumento de la masa monetaria, ya que reivindica las políticas de esterilización.
El problema con estos enfoques es que no resuelven la cuestión planteada. La emisión monetaria “en general” no es impulsora de inflación. Como lo veremos enseguida, la aceleración de la inflación desde el 3,7% en 2003 al 21% o 22% en 2008, no se puede explicar por “emisión monetaria excesiva”, como sostienen los monetaristas. Por otra parte, tampoco las razones “estructurales” que presenta el Banco Central pueden dar cuenta de la especificidad de la inflación argentina. Para avanzar en la comprensión de las cuestiones implicadas, es interesante analizar las posturas en torno a la política monetaria del BCRA, después de la salida de la depresión de 2001-2.
Debate sobre la inflación en Argentina (3)
Continúa la segunda parte
La tesis de la puja distributiva
Al terminar la segunda parte de esta nota, señalé que la explicación de Kalecki sobre la inflación conecta con la sostenida por Crespo y Fiorito. Aunque Kalecki no dejó un estudio sistemático, trató, en diversos escritos tres casos típicos (sigo a Sawyer, 1985). El primero, la inflación por demanda, que ocurre cuando existen límites a la capacidad de aumentar el output. No es la inflación por demanda de los neoclásicos (caso, los monetaristas), ya que Kalecki supone condiciones excepcionales, como ocurren en una economía de guerra, cuando hay restricciones en la oferta y suben el empleo y los salarios. En condiciones normales de reproducción del capital, según Kalecki, el aumento de la demanda debe inducir al aumento del output, que puede expandirse a costos relativamente constantes (es la situación habitual en el capitalismo contemporáneo). Un segundo caso analizado por el economista polaco es la hiperinflación, que no vamos a tratar. El tercero, y el más general, es la inflación que puede generarse en las economías que están operando en niveles cercanos al pleno empleo, a partir de una tendencia espontánea al aumento de los salarios nominales. Dada la constancia del mark up, los aumentos de salarios entonces se trasladan a precios. Aunque es importante recordar que Kalecki pensaba que para que ocurriera este tipo de inflación debía existir una oferta monetaria acomodaticia. Puede decirse entonces que Kalecki es uno de los pioneros de la amplia variedad de economistas que atribuyen la inflación al conflicto distributivo.
El núcleo de esta idea es explicado por CyF: un aumento inicial de precios (o salarios) es sucedido por aumentos compensatorios de salarios (o precios), que a su vez son seguidos de nuevos aumentos de precios (o salarios), y así continuamente. Según estos autores, ésta sería la razón fundamental de la inflación argentina en los 2000. En términos más generales, es la tesis que encontramos en los poskeynesianos, estructuralistas y otros “heterodoxos”. Paul Davidson, por ejemplo, sostiene que la inflación “es un síntoma de la lucha en torno a la distribución del ingreso”, cuando las corporaciones y las multinacionales, los sindicatos y otros grupos organizados, tratan de “obtener una mayor porción del ingreso nacional o mundial disponible para ellos” (1991, pp. 89 y 91). En la misma dirección, Lance Taylor afirma que “si la participación de los salarios es baja, los trabajadores responderán presionando por aumentos más rápidos… de sus salarios”, lo que desata una “core” inflación (1985, p. 389). Precisemos que la tesis de la inflación por conflicto distributivo también ha sido, y es, defendida por buena parte de la ortodoxia mainstream. Por ejemplo, en los años 1960 y 1970 el keynesianismo “oficial” establecía una relación inversa entre la desocupación y los salarios (curva Phillips); y una relación directa entre los salarios y el nivel de precios, a través del mark up (descontando productividad). Actualmente, la curva Phillips de los nuevos keynesianos también vincula el nivel de precios con los salarios, a través de la tasa de desempleo (aunque a diferencia de la curva tradicional, incluye la “tasa natural de desempleo” y la inflación esperada). Por eso, explicaciones del tipo “inflación por demanda” son, en esencia, explicaciones por “costo salarial”. Por ejemplo, una secuencia es: aumenta la demanda (provocada por el gobierno, o un shock inexplicado); en consecuencia aumenta la producción; lo que lleva a la disminución del desempleo por debajo de la tasa “natural”; lo que provoca aumento de salarios; que genera el aumento del nivel de precios. En definitiva, no se puede decir que la tesis de la inflación por puja distributiva sea específica de la “heterodoxia”.
Debate sobre la inflación en Argentina (2)
Continuación de “Debates sobre inflación en Argentina (1) aquí.
Problemas teóricos
La discusión acerca de las causas de la inflación es, en esencia, un debate sobre teoría del valor y de la acumulación del capital; entendiendo que la teoría del valor incluye tanto la formación de precios, como una determinada concepción del dinero (Marx decía que la teoría monetaria era la verdadera prueba de fuego de una teoría del valor). Por eso, detrás de las explicaciones monetaristas de la inflación -el aumento de precios se debe al aumento de la cantidad de dinero- existe una cierta concepción del dinero (o tal vez, la ausencia del concepto del dinero), así como detrás de la explicación keynesiana -la inflación es el reflejo de una puja distributiva- existe una concepción del precio. Por eso es importante prestar atención a la base teórica del planteo de Manzanelli y Schorr.
Indeterminación de precios en Kalecki
En el artículo publicado por el IADE (ver referencia bibliográfica), MyS explican que el fundamento de su enfoque es la teoría del precio de monopolio de Kalecki. Según MyS, Kalecki “demostró cómo en los mercados altamente concentrados el precio establecido por las empresas oligopólicas (p) tiende a ser más elevado en relación con el costo medio unitario de las restantes firmas, con sus consiguientes derivaciones en materia de apropiación de ganancias extraordinarias”. Luego citan a Kalecki cuando explica que el precio medio es proporcional al costo primo unitario medio, dado el grado de monopolio, de manera que los ingresos brutos y los costos primos guardan una relación estable y creciente o decreciente, según cambie el grado de monopolio (véase p. 28).
Empecemos precisando que Kalecki no “demostró” que los precios establecidos por las empresas oligopólicas tienden a ser más elevados en relación a sus costos medios que en las restantes empresas, sino que lo postuló. Para demostrar, debería haber presentado evidencia de que los sectores más concentrados gozan de tasas de ganancias sistemáticamente más altas; y que en procesos inflacionarios, los precios de los productos de las ramas más concentradas aumentan a una tasa superior de lo que lo hacen los productos de los sectores no concentrados. Kalecki no muestra evidencia de esto, ni la presentaron luego los poskeynesianos. Eichner (1973), por ejemplo, muestra la evolución de los precios de los sectores competitivo y oligopólico, entre 1965 y 1972, para EEUU, y no se ve que los precios de los bienes producidos en las ramas más concentradas hayan evolucionado por encima de los precios de las ramas consideradas competitivas. Es cierto que los segundos oscilan más que los primeros, pero aumentan a la misma tasa promedio. Asimismo, en la primera parte de esta nota vimos que la evolución de los precios industriales en Argentina entre 2001 y 2010, tampoco confirma la teoría kaleckiana. Esto a pesar de que esa serie fue considerada por MyS como representativa de la formación “a lo Kalecki” de los precios oligopólicos. Algo similar se puede decir, en términos generales, sobre la pretendida tasa de ganancia monopólica sistemática en el capitalismo moderno (ver más abajo).















