Estatismo burgués y socialismo

Uno de los problemas más importantes que se discutieron históricamente, y se siguen discutiendo, dentro de la izquierda, es si las estatizaciones son progresistas, y deben ser apoyadas –críticamente o no– por los trabajadores. Al respecto existen dos posturas.

Por un lado, están los que piensan que las estatizaciones son siempre progresistas, y que incluso nos acercan al socialismo. Así, en la mayoría de los partidos de izquierda se piensa que, en sí misma, cualquier estatización es progresista. E incluso algunos sostienen que las nacionalizaciones nos acercan, de alguna manera, al socialismo. Por ejemplo, hace poco tiempo el dirigente trotskista Jorge Altamira sostuvo, en la TV, que si se estatizara el sistema financiero, nos acercaríamos al socialismo. Para esto bastaría, sostuvo Altamira, con reemplazar en la dirección del Estado a Obama o Sarkozy por dirigentes obreros.

La otra posición, que defiendo, sostiene que las estatizaciones capitalistas en sí mismas no tienen nada de progresivo; y que los trabajadores deberían mantener una postura de independencia de clase. Este enfoque lo encontramos en la tradición del marxismo, y hasta principios de siglo XX.

La tradición en Marx, Engels y Tercera Internacional

Es importante destacar que Marx y Engels jamás plantearon que la clase obrera debiera exigir la estatización burguesa de los medios de producción. En El Manifiesto Comunista propusieron un programa que planteaba la estatización, pero en el marco de una revolución obrera triunfante. En otras palabras, se trata del programa de transición al socialismo, que encararía un gobierno revolucionario, no un gobierno burgués. Luego, cuando tuvieron oportunidad, ambos se pronunciaron en contra de que la clase trabajadora se embanderara detrás del programa de las estatizaciones burguesas. Así, por ejemplo, Marx no apoyó la demanda de estatización de la renta de la tierra en EUA, a pesar de que la consigna era muy popular. Y explicó que esa consigna solo la había adoptado, en El Manifiesto Comunista junto a otras medidas de transición (carta a Sorge, 30 junio 1881).

Pero más clara aún es la posición de Engels en el Anti-Dühring, un texto que fue revisado enteramente por Marx. Después de plantear que la propiedad de los medios de producción por parte del Estado, así como la sociedad por acciones, muestran que la burguesía ya no es imprescindible, Engels agrega:

“Pero ni la transformación en sociedades por acciones ni la transformación en propiedad del Estado suprime la propiedad del capital sobre las fuerzas productivas. En el caso de las sociedades por acciones, la cosa es obvia. Y el Estado moderno,  por su parte, no es más que la organización que se da la sociedad burguesa para sostener las condiciones generales externas del modo de producción capitalista contra ataques de los trabajadores o de los capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, un Estado de los capitalistas: el capitalista total ideal. Cuantas más fuerzas productivas asume en propio, tanto más se hace capitalista total, y tantos más ciudadanos explota. Los obreros siguen siendo asalariados, proletarios. No se supera la relación capitalista, sino que, más bien, se exacerba. Pero en el ápice se produce la mutación. La propiedad estatal de las fuerzas productivas no es la solución del conflicto, pero lleva ya en sí el medio formal, el mecanismo de la solución” (Anti-Dühring, pp. 275-6, México, Grijalbo, 1968; énfasis agregado).

De la misma manera que la sociedad por acciones hasta cierto punto implica una socialización de la producción dentro del propio capitalismo, la estatización apunta, en opinión de Engels, a la posibilidad de superar al capital. Pero no por ello los marxistas reivindican la sociedad por acciones o la estatización burguesa. Frente a las ilusiones que genera la estatización, plantean que no solo no supera la relación capitalista, sino que la exacerba.

Y todavía en 1891 Engels escribía que “en tanto las clases propietarias permanezcan al mando, cualquier nacionalización no es una abolición, sino una alteración en la forma de explotación; en las repúblicas de Francia, Suiza y América no menos que en la monárquica y despótica Europa Central y del Este” (carta de Engels a Oppenheim, 24 marzo 1891; énfasis agregado).

Por último, digamos que la Tercera Internacional, en el período que tuvo una orientación revolucionaria, también se opuso a que los trabajadores confiaran en las estatizaciones burguesas:

“Reivindicar la socialización o la nacionalización de las más importantes ramas de la industria, como lo hacen los partidos centristas, es embaucar a las masas. Los centristas no sólo inducen a las masas en el error, al tratar de persuadirlas de que la socialización puede arrancar de las manos del capital las principales ramas de la industria sin que la burguesía sea vencida, buscan todavía desviar a los obreros de la lucha vital por sus necesidades inmediatas, haciéndolas esperar un embargo progresivo de las diversas industrias una después de otra, después del cual comenzará la construcción “sistemática” del edificio económico. Vuelven así al programa mínimo de la socialdemocracia, es decir, a la reforma del capitalismo, que es hoy una treta contrarrevolucionaria” (“Tesis sobre táctica”, Tercer Congreso de la Internacional Comunista; énfasis agregado).

A pesar de estos pronunciamientos tan categóricos, esta tradición casi se ha perdido en la izquierda. Solo pequeños núcleos marxistas, y los anarquistas, se mantienen críticos, o escépticos, frente al estatismo burgués.

Un abordaje histórico y teórico

La dominancia de las ideas pro-estatistas en la izquierda posiblemente se pueda explicar por la influencia de las corrientes keynesianas reformistas, en particular durante la posguerra. Recordemos que Keynes pensaba que los males del capitalismo podían solucionarse si el Estado se hacía cargo de las inversiones. De aquí puede haber influenciado a la izquierda, inclinada a pensar que el Estado, en sí, es neutro, o es pasible de ser orientado por los trabajadores, dentro del modo de producción capitalista. Pero la experiencia histórica no abona esta tesis, y parece confirmar las ideas de Marx y Engels, de que las estatizaciones solo sirven a los intereses de la clase dominante.

Por empezar, porque es indudable que muchos regímenes burgueses utilizaron las estatizaciones para reforzar posiciones muy reaccionarias contra los trabajadores. Por ejemplo, en el siglo XIX el régimen de Bismarck estatizaba empresas –lo que dio pie al surgimiento de los socialistas estatistas criticados por Engels– a la par que mantenía fuertes leyes anti-socialistas.

Otro caso ilustrativo: en las décadas de 1940 y 1950, la dictadura española de Franco era “estatista”, y nadie podría sostener, con un mínimo de seriedad, que se trataba de un régimen favorable a los trabajadores y el progreso de la humanidad.

Pero más en general, y saliendo de estos casos extremos, podemos decir que las estatizaciones sirven a la burguesía en épocas de crisis, o de extrema debilidad, para fortalecer las posiciones del capital. En los años treinta, en la Depresión, muchos gobiernos, incluso conservadores, fueron estatistas. En la posguerra, la debilitada Inglaterra apeló a extendidas nacionalizaciones de industrias y servicios públicos, que fortalecieron el poder del capital. Algo similar ocurrió en otros países, como Austria o Francia.   Y hoy, con la crisis en curso, muchos gobiernos recurren, de nuevo, a la estatización de empresas y bancos, para salvar al capital.

Pero las estatizaciones burguesas también pueden servir para desviar movimientos revolucionarios, conciliar a las clases y fortalecer, en última instancia, las posiciones de la burguesía. Un ejemplo es el caso de Bolivia luego de la revolución de 1952. El gobierno nacionalista revolucionario que surgió de esa revolución dirigió una basta economía estatizada, que tenía como columna vertebral las minas de estaño. Posiblemente nunca se dieron condiciones tan favorables –de acuerdo a los criterios que se manejan en la izquierda nacionalista radical– para que una estatización tuviera éxito. Los obreros y campesinos estaban armados, había una fuerte movilización popular, se agitaban consignas a favor del control de los trabajadores de la economía, y existía un alto nivel de conciencia revolucionaria. Sin embargo, con todos estos elementos a favor, las fuerzas productivas no conocieron ningún desarrollo importante –Bolivia no salió del atraso y la dependencia– y los obreros de vanguardia terminaron siendo reprimidos por el propio gobierno nacionalista, en los años sesenta.

Citemos también el caso de Egipto en los cincuenta, cuando bajo el régimen de Nasser se estatizó gran parte de la economía. Egipto contó con la simpatía del tercer mundo, y la ayuda de la URSS. A comienzos de la década de 1960 algunos marxistas llegaron a pensar que Egipto se encaminaba hacia un socialismo sui generis. En cualquier caso, las estatizaciones eran mucho más profundas y extendidas que cualquier cosa que pudo haber hecho Chávez, u otro gobierno nacionalista contemporáneo. Sin embargo, ya en la década de los setenta aparecía con claridad que Egipto era un país capitalista, con un Estado capitalista. Y así lo sigue siendo al día de hoy.

A la luz de estas experiencias, podemos decir que el programa estatista ha provocado daño al movimiento socialista. Por un lado, porque el movimiento obrero apeló al Estado burgués como si éste estuviera por encima de las clases sociales y fuera “neutro”; pero el Estado sirvió para reprimir y contener al movimiento obrero, en favor del capital.

En segundo término, porque se inculcó la idea de que progresivamente una sociedad se podía ir acercando al socialismo mediante nacionalizaciones burguesas; lo cual es utópico, y lleva a un callejón sin salida. Y en tercer lugar, porque se alentó la colaboración de clases, a través de la entronización del Estado. En este respecto es habitual que se pregone la idea de que las empresas del Estado “son de todos”; que “pertenecen al pueblo” e incluso que los trabajadores deben sacrificarse por ellas. Pero en la realidad, se trata de empresas que extraen plusvalía, y favorecen la acumulación del capital. Y el personal dirigente de las empresas del Estado pertenece a la clase capitalista.

Por eso la consigna de la estatización cumplió exactamente el rol que preveía la Tercera Internacional: sirvió para debilitar al movimiento obrero, e hipotecar su independencia de clase.

Las empresas estatales y el mercado

Si bien entre los años 1950 a 1970 las empresas estatales hasta cierto punto se abstraían de la “dictadura” del mercado y de la ley del valor –con precios administrados y medidas nacionalistas y proteccionistas–, progresivamente todas se vieron sometidas a la lógica de la valorización. Es que a medida que se extienden y profundizan las relaciones mercantiles y capitalistas, toda fracción de la economía se somete a la misma ley del mercado. La exigencia general es que una empresa estatal debe dar rentabilidad, como cualquier otro capital. Muchas cotizan en bolsa de valores (un caso típico es Petrobras), donde están sometidas a la “sanción” de los inversores, que miran con lupa sus balances, y premian o castigan sus perfomances en extraer plusvalìa. Pero aun si no cotizan en bolsa, las empresas estatales deben recurrir a los mercados financieros; emitir títulos, competir con otras empresas capitalistas. Y para esto, también son necesarias ganancias y “disciplina” laboral. Por todos lados se impone entonces el imperio de la valorización. ¿Qué tiene esto de cualitativamente distinto con respecto a lo que sucede con cualquier otra empresa capitalista? Las empresas estatales hoy contratan trabajadores que están precarizados, o a veces incluso “en negro”; imponen en su seno criterios de productividad como si fueran empresas privadas; y favorecen por todos los medios las posiciones del capital, y su Estado.

A modo de conclusión

Lo que explica esta lógica de las empresas estatales es el carácter de clase del Estado, que no puede ser sino capitalista, dado que está inmerso en la sociedad capitalista. Por eso no hay ninguna razón para pensar que las estatizaciones mejorarán la posición de la clase obrera.

Más concretamente, lo que habría que preguntarse ante las estatizaciones es si éstas ayudan a la organización de la clase obrera frente al capital; si favorecen el desarrollo de las fuerzas productivas; o si impulsan una distribución más igualitaria del ingreso de manera duradera. Así, cabe preguntarse si las estatizaciones de correos, del servicio de aguas, o de la aerolínea de bandera, realizadas por el gobierno de los K, cambiaron, en algún grado cualitativo, la relación de fuerzas entre las clases sociales, o la naturaleza del capitalismo criollo.

A la vista de lo que ha sucedido con las estatizaciones burguesas, pensamos que hay muchas razones para sostener que, una vez más, se confirma la vieja tesis del marxismo “de Marx”, y no la del “marxismo keynesiano.

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