Renta petrolera y capitalismo de estado (3)

Esta es la tercera y última parte de la nota que ha sido publicada aquí y aquí.

 Argelia

La argelina fue posiblemente la experiencia más radicalizada de todos los intentos de industrialización de los países petroleros, en los años 70. El punto de partida fue, ciertamente, muy difícil. Cuando el FLN tomó el poder, en 1962, la economía estaba devastada por ocho años de guerra contra los franceses, por el sabotaje contrarrevolucionario y la salida de personal capacitado y de capital (Frieden, 1981). De todas maneras, se pensó que a partir de la asignación productiva de la renta, y con la estatización de las palancas fundamentales de la economía -la industria pesada, los bancos y las compañías de seguros extranjeras, el comercio exterior- el país podría salir del atraso y emprender el camino del desarrollo. La estrategia aplicada se conoció como la de las “industrias industrializantes”, teorizada por el francés Gérard Gestanne de Bernis; consistía, básicamente, en impulsar un núcleo de grandes industrias, que deberían constituirse en los polos impulsores del resto de la economía. Con ese objetivo, a partir de 1967 se encararon grandes planes de inversión en industria pesada y producción de hidrocarburos, utilizando la renta petrolera y gasífera.

Se construyeron entonces complejos de la industria pesada. Se estima que hubo una inversión de unos 100.000 millones de dólares; la formación bruta de capital fijo absorbió, entre 1965 y 1980, una media del 40% del PBI (aunque la mitad de esa proporción la absorbió el sector de hidrocarburos). En los años 70 la participación de la inversión en la industria llegó a representar entre el 40% y el 50% del total de la inversión, un nivel similar al de la URSS (Marín, 1998). En el plan de 1967-69, el 52% de los gastos del gobierno fueron a la industria, de los cuales el 90% a la industria pesada; en los planes 1970-73 y 1974-77, se siguió con la misma tónica (Frieden). Como resultado, entre 1966 y 1978 la producción industrial se duplicó, y el crecimiento anual de la economía superó el 7% (Marín).

Sin embargo, la productividad se mantuvo baja, crecieron los costos, y la economía permaneció extremadamente desarticulada. El crecimiento se producía gracias a las inyecciones de capital en la industria pesada, pero la participación de la industria manufacturera en el producto casi no aumentó de ninguna manera significativa (Marin). Tampoco se intentó generar tecnología propia. El gobierno trató de superar el atraso importando tecnología, para lo cual adquirió sistemas de fábricas a empresas internacionales (por ejemplo, una planta de electrónicos, refinería) y firmó contratos con expertos extranjeros. Esto implicó un gran gasto de capital (recordemos, además, que se habían pagado indemnizaciones por las nacionalizaciones de 1971 de las empresas petroleras), pero las repercusiones sobre el nivel tecnológico fueron escasas. Como explican hoy los schumpeterianos de los “sistemas nacionales de innovación”, el desarrollo tecnológico no se puede comprar; exige una red de inversión en educación, investigación y desarrollo, y acumulación capitalista “original”.

La baja productividad, a su vez, aumentó la dependencia con respecto al extranjero, y las grandes industrias terminaron siendo industrias de enclave, sin generar efectos de arrastre o empuje hacia el resto de la economía (Marin). A pesar de la retórica antiimperialista, hubo mucha participación del capital extranjero en la economía de Argelia, a través de sociedades conjuntas (Frieden).

Asimismo, hubo un problema crónico de sobreinversión; en los 90 la tasa de utilización de capacidad en la industria era, usualmente, menor al 50%. Paulatinamente, además, se produjo una degradación de la industria por falta de mantenimiento, de materias primas y repuestos; y hubo obsolescencia prematura por negligencia (Marin). A esto se agregó que el flujo de divisas provenientes del petróleo y gas provocó la sobrevaluación crónica de la moneda, con efectos depresivos sobre la competitividad de la industria no vinculada a los hidrocarburos.

Por otra parte, cayó fuertemente la producción de alimentos. Desde la independencia y hasta la proclamación de la “Revolución Agraria”, en 1971, el régimen sistemáticamente desconoció la situación del campesinado. Se dejó que las relaciones sociales en el campo se estancaran, aparentemente por temor a antagonizar con la burguesía agraria. Incluso las antiguas granjas de los colonos, que se habían transformado en empresas autogestionadas, fueron desatendidas y les faltó capital (Paul, 1978). Los resultados fueron desastrosos. Antes de la independencia, Argelia producía 22 millones de quintales de cereales por año; a fines de la década de 1970 generaba solo 18 millones, y debía importar una cantidad equivalente para cubrir sus necesidades (Ominami, 1986). Lo mismo sucedía con otros productos agrarios, “bajo el impacto combinado de la baja productividad y la disminución de la superficie cultivada” (Ominami). Hacia 1975 el país tenía que gastar casi la cuarta parte de sus ingresos petroleros en importaciones de alimentos, y había grave malnutrición en la población rural. Según datos proporcionados por el gobierno, por aquellos años casi la mitad de la población rural dependía para sobrevivir de las remesas de los trabajadores emigrantes (Paul). De aquí que hubiera también un constante flujo de gente desde el campo a la ciudad, donde se hacinaban en condiciones terribles (Paul, también Marin). En 1996 la producción agraria satisfacía menos del 2% de las necesidades alimentarias nacionales (Marin).

De conjunto entonces, los desequilibrios se hicieron cada vez más insostenibles. Sid Ahmed señala, entre otros factores, que hubo desequilibrios en la estructura general de inversiones, restricciones crecientes en materia de recursos materiales y humanos, debilidad en el incremento del valor agregado en los sectores de producción de bienes, poca integración económica entre sectores, subutilización de la capacidad de producción instalada y burocratización creciente en la gestión económica. Los déficits en cuenta corriente, el creciente endeudamiento, la inestabilidad, los efectos desastrosos de la caída de los precios del petróleo, llevaron a la fuga de capitales, el control de cambios y a todo tipo de especulación en los mercados cambiario y financiero. El endeudamiento se disparó: la deuda externa pasó de apenas 129 millones de dólares en 1971, a 19.000 millones en 1979. Con ello, aumentó también la relación con el capital financiero internacional. Frieden cita en este respecto, la declaración de un banquero internacional a Euromoney, en octubre de 1977: “Nos gusta Argelia porque es totalitaria y si el gobierno dice que el pueblo tiene que reducir el consumo, la gente lo hará”. También Farsoun señaló la estrecha relación de la economía bajo Boumedienne con grandes bancos estadounidenses.

Finalmente, en la década de los 80 se abandonó cualquier perspectiva socialista: se adoptaron medidas pro mercado, en medio de protestas y descontento obrero y popular crecientes. El experimento de avance al socialismo, desde el estado capitalista, estaba en vía muerta. Luego, en 1992, el ejército dio un golpe de estado, y el país se vio sumido en un baño de sangre.

Venezuela

La economía venezolana tuvo una evolución en muchos sentidos similar a la de Argelia, aunque nunca se presentó como una experiencia radical de izquierda. Después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, la burguesía se hizo consciente de la necesidad de reorganizar el sistema de dominación, estableciendo una democracia capitalista, a la par que promovió políticas de industrialización y fortalecimiento del rol del estado en la economía (Sontag et al, 1985). Con este objetivo, los gobiernos adoptaron políticas desarrollistas, articuladas en el manejo estatal de la renta petrolera. “El peso del petróleo en la economía hizo al estado un poderoso agente económico bajo cuyo tutelaje avanzó el proceso de acumulación” (idem). Eran los tiempos en que dominaba el desarrollismo cepaliano, con influencias de marxistas (Paul Baran el más notorio) y de precursores de la corriente de la dependencia (véase Silva Michelena, 2006). Aumentó la intervención del estado en la economía. Bajo la presidencia de Rafael Caldera (1969-74), se nacionalizó el gas. Además, el estado se reservó la explotación del mercado interno de hidrocarburos, fijó los valores fiscales de exportación para determinar los impuestos que debían liquidar las empresas petroleras, y se estableció que la industria debía pasar al Estado en 1983. Paralelamente, el ahorro se puso a disposición del estado o de la banca privada, a fin de otorgar créditos subsidiados a la industria. La sobrevaluación de la moneda facilitó la importación de tecnología y maquinaria, y se aplicaron políticas proteccionistas, pero con la contrapartida de un débil acceso de los productos venezolanos a los mercados externos. La política interna tuvo su correlato en el plano internacional: el gobierno de Rómulo Betancurt promovió la creación de la OPEP.

Es a partir de la suba del petróleo de 1973 (los precios se multiplicaron por seis), que el gobierno y la clase dominante decidieron dar el “gran impulso”, en la idea de superar las limitaciones de la industrialización por sustitución de importaciones. Los ingresos del gobierno pasaron de 24.000 millones de bolívares a 55.600 millones, y las reservas internacionales saltaron de 2412 millones de dólares en 1973 a 9423 millones en 1975 (Silva Michelena, 1997). Entre 1972 y 1974 los ingresos en divisas y la recaudación fiscal se multiplicaron por tres, y el ingreso nacional casi se duplicó (Nolff, 1981). Por aquellos años, “los economistas del gobierno pensaron en un vasto programa de desarrollo general y sectorial, cuya punta de choque era la acción del estado, el cual desarrollaría por sus medios un gran sistema de industria pesada, administrada por la Corporación Venezolana de Guayana (CGV), y por la creación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que junto con sus operadoras absorbieron a los consorcios extranjeros una vez nacionalizada la industria petrolera en 1975” (Silva Michelena, 2006, p. 142). Entre 1973 y 1975 la inversión del estado aumentó 63%; al final de la presidencia de Carlos Andrés Pérez existían 137 empresas de Estado, de las cuales 71 eran mixtas o de participación estatal, y 48 eran institutos autónomos; en 1981 el número de empresas estatales se había elevado a 390 (Silva Michelena, 2006, p. 143). Se desarrollaron esencialmente la siderurgia, la producción de aluminio, petroquímica y química pesada, y cemento. Como balance del período de conjunto, entre 1960 y 1980 el PBI se triplicó, el producto industrial casi se cuadruplicó, el consumo de electricidad del sector industrial aumentó casi siete veces, las importaciones se multiplicaron por 10 y las exportaciones por cinco (Nolff). Se trata de un crecimiento que podría calificarse de asombroso.

Pero también estaban los problemas. Por un lado, las nacionalizaciones del petróleo y del acero generaron críticas de sectores de izquierda (también de la patronal Fedecámaras) debido a las altas indemnizaciones pagadas, y a que se firmaron onerosos contratos de comercialización y asistencia técnica con empresas transnacionales, en especial, en la industria de hidrocarburos. En segundo término, la expansión del gasto y la sobrevaluación de la moneda alentaron las importaciones, y dificultaron las exportaciones industriales. El consumo suntuario se disparó: en 1977 representaba el 15% de las importaciones totales (Silva Michelena, 1997). En tercer lugar, y posiblemente lo más importante, nunca se superaron las deficiencias de tipo estructural. El crecimiento entre 1968 y 1978 tuvo un sesgo extensivo, la renovación tecnológica se limitó a algunos sectores, y la productividad general de la economía no aumentó de manera significativa.

En este entorno, atenazadas por el tipo de cambio y la baja productividad, las industrias productoras de bienes de consumo para el mercado interno, como textiles, no podían competir con las importaciones. El desarrollo siguió siendo altamente desestructurado. Escribe Malavé Mata: “A comienzos de 1976, año inaugural de la nacionalización de la industria de los hidrocarburos, Venezuela mantenía los síndromes de “país petrolero” -estructura asimétrica de su economía, dependencia fiscal del petróleo, sensibilidad del mercado cambiario, expatriación de plusvalías territoriales…- que se proponía eliminar o reducir con la aplicación del nuevo esquema que consagraba mayores beneficios de la explotación de su recurso fundamental” (p. 44). Agrega que “… el mayor riesgo de la economía venezolana consistía en su persistente subordinación a un modelo de crecimiento que no estaba en capacidad de forjar una acumulación autónoma de capital sin el concurso del gasto público financiado con los aportes fiscales del petróleo” (p. 45). Y más abajo apunta que “a mediados de la década de los ochenta persistía el raquitismo estructural del crecimiento de la economía” (idem).

Por otra parte, dado que los recursos internos eran insuficientes para cubrir las inversiones proyectadas, se recurrió de forma creciente al endeudamiento externo (Banko, 2007). La deuda pública externa pasó de 1200 millones de dólares en 1973 a más de 11.800 millones en 1978; la CEPAL la calculaba, en 1980, en 16.400 millones de dólares (Silva Michelena, 2006). Lógicamente, cuando los precios del petróleo comenzaron a bajar, “quedaron al desnudo las limitaciones estructurales del modelo, ya que no era posible sostener planes de inversión con estancamiento del ingreso petrolero y creciente déficit en la balanza de pagos” (Banko, p. 10).

Crisis, estancamiento y medidas neoliberales

Con la suba de las tasas de interés internacionales, la crisis de la deuda mexicana, la recesión mundial de principios de los 80 y la caída de los precios del petróleo, la situación de Venezuela empeoró rápidamente. En 1980 y 1981 la economía se contrajo, en 1982 apenas creció, y hacia el final de ese año se aceleró la fuga de capitales y la caída de las reservas internacionales. En febrero de 1983 se devaluó el bolívar (su paridad con el dólar no se movía desde 1963); ese año el PBI venezolano se contrajo el 5,6%. La economía entró entonces en una prolongada fase de estancamiento.

La crisis puso fin a la tesis del excepcionalismo venezolano, esto es, a la creencia de que Venezuela era un caso aparte del resto de América Latina, y podía avanzar en la industrialización y mejoras de las condiciones de vida de la población, en el marco de una democracia burguesa estable. En 1989 estalló el “Caracazo”, en protesta contra medidas de ajuste acordadas con el FMI; representaba el final del “excepcionalismo”. La respuesta de la clase dominante fue profundizar el ataque contra las masas. El gobierno de Carlos Andrés Pérez -el mismo que en los 70 promovía el estatismo, la ISI y el proteccionismo- liberó el mercado cambiario, bajó los impuestos al comercio exterior, impuso un ajuste de salarios, aumentó las tarifas de servicios públicos y privatizó la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y VIASA, la línea aérea de bandera nacional. Luego, Rafael Caldera privatizó Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), y avanzó en la privatización del sector eléctrico y otros servicios. El saldo que dejó la suma de crisis y políticas pro-capital fue desastroso. A fines de la década del 90, la pobreza superaba largamente el 50% de la población y el gasto social, en relación al PBI, era uno de los más bajos de América Latina. Por entonces, el ingreso por habitante era 8% menor que en 1970 y aumentaron los índices de crímenes (Lander, 2005). Había un appartheid social, con amplios sectores excluidos y condenados a la miseria (ídem). Los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI perdieron rápidamente influencia electoral, y el chavismo inició su ascenso.

Conclusiones para el hoy

El fracaso de los países petroleros en la utilización de la renta para industrializarse es reveladora de las limitaciones del capitalismo estatista. Los defensores de la política chavista, sin embargo, no hacen un balance de lo sucedido. Pareciera que quieren disimular con esto el hecho de que el chavismo no ha modificado de alguna manera esencial el “raquitismo estructural del crecimiento de la economía venezolana”. El manejo de la renta sigue en manos de una burocracia estatal, sobre la cual la clase trabajadora no tiene ningún control; tampoco los trabajadores controlan los resortes esenciales de la economía. En este respecto, nada ha cambiado con respecto a las experiencias de industrialización estatista de otros países de la OPEP, de los 80 y 90. Puede decirse incluso que el chavismo apostó menos a la inversión productiva de la renta que lo que se hizo en los años 1960 y 1970. La mejora en las condiciones de vida de una parte muy importante de la población, con todos los elementos progresivos que pueda tener (en particular, en relación a lo vivido en los 1980 y 1990) no genera, en sí misma, la modificación de las estructuras económicas, petróleo dependientes y atrasadas. Además, un giro hacia la baja de los precios mundiales del petróleo tendría consecuencias directas y graves sobre la economía y el nivel de vida de las masas trabajadoras y más pobres. Todo indica que es necesaria una transformación radical -esto es, de las mismas relaciones sociales- para salir de esta situación. Se desprende de lo ocurrido no sólo en Venezuela y Argelia, sino también en el resto de los países petroleros del Tercer Mundo.

Textos citados:
Banko, C. (2007): Industrialización y políticas económicas en Venezuela, Cadernos PROLAM/USP, vol. 1, pp. 129-47.
Farsoun, K. (1978): “State Capitalism in Algeria”, Middle East Research and Information Project, MERIP Reports, Nº 35, pp. 3-30.
Frieden, J. (1981): “Third World Indebted Industrialization: International Finance and State Capitalism in Mexico, Brasil, Algeria and South Korea”, International Organization, vol. 35, pp. 407-431.
Lander, E. (2005): “Venezuelan Social Conflict in a Global Context”, Latin American Perspectives, vol. 32, pp. 20-38.
Malavé Mata, H. (2006): La trama estéril del petróleo, Caracas, Rayuela Taller de Ediciones.
Marin I. (1989): “Argelia: Aproximación económica a la crisis”, Instituto Complutense de Estudios Internacionales”, Documentos de Trabajo Nº 5.
Nolff, M. (1981): “Las perspectivas de la industria venezolana en los 80”, Nueva Sociedad, Nº 53, pp. 79-96.
Ominami, C. (1986): Le tiers monde dans la crise, Paris, La Découverte.
Paul, J. (1978): “Algeria’s Agrarian Revolution: Introduction”, MERIP., Nº 67, pp. 3-4.
Sid Ahmed, A. (1983): Développement sans croissance, l’expérience des economies pétrolières du tiers monde, Critiques de l’economie politique, pp. 63-95.
Silva Michelena, H. (2006): El pensamiento económico venezolano en el siglo XX. Un postigo con nubes, Caracas, Fundación para la Cultura Urbana.
Silva Michelena, H. (1997): “La crisis de los nuevos tiempos (y una larga mirad a las políticas públicas 96-97)”, en Historia mínima de la economía venezolana, AA. VV., Caracas, La Brújula, pp. 143-198.
Sonntag, R. de la Cruz y S. Campbell, (1985): “The State and Industrialization in Venezuela”, Latin American Perspectives, vol. 12, pp. 75-104.

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“Renta petrolera y capitalismo de estado (3)”

Renta petrolera y capitalismo de estado (2)

La primera parte de esta nota, aquí. En esta segunda parte examinamos las experiencias de industrialización “petrolera”; en la tercera, nos referiremos en particular los procesos de Venezuela y Argelia, de los años 1970.

Los programas industrialistas

Como es conocido, a comienzos de los 1970 se produjo una fuerte suba de los precios del petróleo; en promedio, entre 1972 y 1974 se multiplicaron por seis. Este aumento tenía por base el aumento de la demanda (entre 1965 y 1973 el consumo mundial de energía creció un 43%) y el ascenso nacionalista en el Tercer Mundo. También por aquellos años las grandes compañías internacionales perdieron el control de la cadena petrolera; la producción, el transporte, la distribución y el refinado pasaron en gran medida a manos de los países productores (CEPII, 1983). En consecuencia, éstos dispusieron de una renta incrementada; entre 1974 y 1980 los saldos en cuenta corriente de los exportadores de la OPEP se elevaron a 288.00 millones de dólares.

Fortalecidos por este auge, los gobiernos de la OPEP pusieron en marcha ambiciosos programas de industrialización y crecimiento. De acuerdo a Sid Ahmed, entre 1974 y 1982 anticiparon inversiones por casi 900.000 millones de dólares, de los cuales unos 600.000 millones correspondieron a Arabia Saudita, Irán, Libia, Iraq y Argelia. El objetivo era promover industrias intensivas en energía y capital, como la refinación, petroquímica, siderurgia, que permitieran también valorizar el petróleo y el gas. Con la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo industrial, en Libia, Argelia, Venezuela, y otros lugares, se elevó rápidamente la tasa de formación del capital fijo. Por aquellos años 70, se consideraba que había una oferta ilimitada de capital, y que gracias a las exportaciones, las economías petroleras podrían hacer frente a las necesidades de importación, y avanzar en la cadena del valor. Muchos estaban convencidos de que el desarrollo capitalista podía insertarse fácilmente en el Tercer Mundo, en base a la importación de tecnología, equipos y maquinaria; por ejemplo, en 1980 el sha de Irán pronosticaba que su país llegaría a ser la quinta potencia del mundo.

Dinámica rentística: crecimiento con poco desarrollo

Sin embargo, las cosas sucedieron de manera bastante distinta, ya que hubo crecimiento -el PBI aumentó a una alta tasa en muchos países-, pero con escaso desarrollo de la productividad, la tecnología y del entramado industrial y productivo. La realidad es que coexistieron una industria petrolera relativamente avanzada, con estructuras de producción atrasadas; la industria petrolera evidenció una lógica de enclave, ya que había pocas relaciones entre ella y el resto del sistema productivo (véase Ominami, 1983). Por eso, el gasto de renta por parte del estado no logró superar el “dualismo estructural” (idem). Además, en la medida en que muchos países se volcaron a las mismas ramas -típicamente, la petroquímica- apareció una tendencia a la sobreproducción en el mercado mundial, con consecuencias negativas sobre las ganancias de las industrias. También debe tenerse presente que las posibilidades de venta interna de la producción de hidrocarburos y derivados eran limitadas, dado el crecimiento desarticulado. De ahí también una tendencia a la sobrecapacidad; un caso ilustrativo fueron las grandes empresas estatales de Argelia, que operaban, en los años 70 y 80, con alta capacidad ociosa, y muy baja rentabilidad (véase más adelante).

Por otra parte, la entrada de divisas, provenientes del petróleo, sin que hubiera un desarrollo tecnológico importante, generó presiones inflacionarias. Para contrarrestarlas, en muchos países las autoridades dejaron apreciar las monedas; pero de esta manera disminuyó todavía más la capacidad exportadora de los sectores no petroleros. Así, la fuerte promoción de las exportaciones se combinaba con una sustitución de importaciones débil, dando lugar a una polarización creciente de las exportaciones sobre los productos petroleros (Ominami). Por otro lado, a partir de la “lluvia de renta”, aumentó la demanda de bienes importados para la burguesía y la clase media alta, que adoptaban pautas de consumo propias de los países más avanzados. Una actitud acorde con una lógica rentista, que pasaba por alto la acumulación y expansión del trabajo productivo. Asimismo, la creación de fortunas colosales en los países petroleros promovió actividades especulativas y parasitarias (Sid Ahmed). Sid Ahmed señala otro factor negativo, la fuga de cerebros; aunque en muchos casos (como Argelia) la emigración alivió la desocupación, en especial de las zonas rurales, y habilitó una importante entrada de divisas.

A partir de la situación descrita, paulatinamente aumentaron los desequilibrios externos. A su vez, la necesidad de divisas para financiar primero las grandes inversiones (que muchas veces excedían la disponibilidad de renta), y luego para paliar los efectos de las caídas de los precios, llevaron a una mayor dependencia del capital financiero internacional, y a deudas externas crecientes en muchos países. Lo cual acentuó la obsesión por la exportación de petróleo o gas, al tiempo que la vulnerabilidad de las economías petroleras: “Los desequilibrios engendrados por la petrolización hicieron que el funcionamiento del sistema fuera muy vulnerable a los azares de la coyuntura internacional” (Ominami, p. 130). En particular, la profunda caída de los precios en los 1980, luego del alza de 1979-80, tuvo efectos muy negativos en muchos países (Venezuela y Argelia, entre ellos). No es de extrañar entonces que hacia fines de la década de los 80, las experiencias de industrialización en base a renta, estuvieran fuertemente cuestionadas. En esos años, muchos gobiernos viraron hacia políticas “de ajuste” (léase, ataque a las condiciones de vida de las masas trabajadoras) y amigables del mercado. Las esperanzas de que se pudiera desatar el desarrollo capitalista a partir de la renta, se habían frustrado. En palabras de Sid Ahmed, se había pasado por alto que “la revolución industrial en Europa fue precedida por muchos siglos de maduración intelectual y de evolución económica y social” (p. 78).

Capitalismo de estado y gestión burocrática

Los problemas descritos estuvieron sobredeterminados, de conjunto, por una gestión burocrática estatal de las industrias y la economía, que quedó por fuera del control de los trabajadores, y de los consumidores. Aclaremos que el capitalismo de estado no es progresivo “en sí”; lo es si está subordinado a una dinámica de desarrollo de las fuerzas de la producción, encabezada por una clase social que juegue un rol históricamente progresivo. Así, el capitalismo de estado jugó un rol en el desarrollo del capitalismo alemán, en el siglo XIX (lo cual dio pie al “socialismo estatista”, que criticó Engels). Y el capitalismo de estado fue entrevisto por Lenin como una herramienta para el avance al socialismo, pero subordinada al poder de los soviets, y a un programa revolucionario. El rol del capitalismo de estado entonces está determinado por el contexto social y político en que se desenvuelve.

Lo esencial es que la burocracia estatal, cuando está aislada (o parcialmente aislada) de lo que podríamos llamar “el control” o la “presión” de clase, tiende a convertirse en un factor autónomo, un estrato que se enriquece con la apropiación del excedente. No es una burguesía en el sentido clásico, ya que no es propietaria de los medios de producción, pero medra en los intersticios de la articulación entre los medios de producción estatales y la economía de mercado, quedándose con una parte de la plusvalía. En este marco, tiende a reproducirse una mecánica que adquiría características casi catastróficas en las economías soviéticas. En estas últimas, la burocracia gobernante, elevada por encima de los obreros y campesinos, y sin estar sujeta a la disciplina del mercado y de la ley del valor (al menos en principio), no tenía manera de orientar de forma racional y eficiente las inversiones, ni la economía de conjunto. Por eso, Trotsky decía, refiriéndose a la URSS, que la planificación económica solo era posible si se articulaba con la democracia de los productores, por un lado, y el mercado y el dinero, por el otro. Es que en toda economía hay que comparar y medir los tiempos de trabajo empleados en la producción y la distribución, a fin de asegurar “una economía racional, que asegure el mejor empleo del tiempo” (Trotsky). Y esto no puede hacerse si se anulan las señales del mercado y se suprime la democracia de los productores.

Pues bien, en muchas economías basadas en el capitalismo de estado tiende a reproducirse parcialmente esta mecánica, ya que conviven amplios sectores estatizados -en los cuales la acción de la ley del valor se anula, al menos parcialmente, por las imposiciones de la burocracia- con la economía que sigue en manos privadas; a la par que se mantienen relaciones estrechas con el capital internacional y el mercado mundial. Sobre estas bases, la marginación del poder de decisión y control de la clase obrera lleva a que la planificación burocrática gire en el aire, carente de información sobre lo que sucede en los lugares de trabajo. Además, dado que el peso relativo de las fracciones burocráticas está condicionado por los sectores de la economía que controlan, las inversiones y los planes económicos se realizan sin atender a consideraciones de productividad, o a las necesidades de las masas, sino a una lógica de sostenimiento del poder burocrático.

Como resultado de estos factores concurrentes, la planificación con frecuencia es incoherente; la producción estatal no se compagina con la privada, y los costos (incluidos los costos ambientales y otras externalidades) no son atendidos. Paralelamente, la hostilidad de las masas trabajadoras -industriales o campesinas- hacia la burocracia se puede manifestar a través de conflictos abiertos, pero también, y con frecuencia, se expresa en el trabajo a desgano, la falta de motivación y la baja producción. A su vez, la desatención de la productividad lleva al crecimiento extensivo, que agota recursos, generando cuellos de botella en la cadena productiva, y desequilibrios en la economía de conjunto; de manera que los aparatos estatales dirigentes no generan planes coherentes para la economía, con consecuencias que pueden ser graves.

En las economías basadas en el manejo estatal de la renta, esta mecánica puede ser aún más acentuada, ya que el manejo del presupuesto por la burocracia es el punto neurálgico de articulación de la circulación de la renta, entre la industria petrolera y el sector no petrolero de la economía (Ominami). Esto le otorga mayores posibilidades de autonomización relativa con respecto a las grandes clases sociales. Y da lugar a tensiones y problemas crecientes: “El carácter ‘administrativo’ de la articulación entre los dos sectores es a menudo la fuente de un alto grado de ineficacia” (Ominami, p. 127). Por eso, las quejas por el despilfarro de recursos -agravado por la corrupción, los negociados, etc.- son una constante en la literatura referida a las experiencias de capitalismo de estado rentístico. Con seguridad, los partidarios del modelo chavista acordarán con el diagnóstico de Silva Michelena, sobre la “Venezuela Saudita” de los años 1970 y 1980. Sostiene que existía un “manejo desordenado y despilfarrador de los fondos públicos”, y la corrupción se había instalado “en el sector público y en el sector privado por igual y con la misma extensión” (1997, p. 163).

Ni siquiera en Argelia

Posiblemente nadie cuestione hoy que en experiencias como la venezolana de los 70 y 80, los trabajadores estuvieron excluidos del poder. Sin embargo, Argelia fue, en apariencia, un caso distinto. El régimen argelino se consideraba a sí mismo un capitalismo de estado en transición al socialismo (de acuerdo con la vieja idea de Lenin), y la mayoría de la izquierda mundial acordaba con este diagnóstico. Sin embargo, este capitalismo de estado “revolucionario” no avanzó a socialización alguna de los medios de producción. La Argelia de la post independencia demuestra, una vez más, que el capitalismo de estado, en sí mismo, no es salida para el desarrollo, ni la solución de los problemas de las masas. Nunca se insistirá lo suficiente en que el capitalismo de estado como herramienta de construcción socialista, en Lenin, estaba condicionado a que se mantuviera, y se fortaleciera, el poder de los soviets.

Pero no es lo que sucedió en Argelia. Farsoun (1978) presenta una interesante descripción del proceso argelino. Señala que a partir del golpe de estado de 1965, el gobierno de Houari Boumedienne consolidó el proceso institucional que había empezado Ahmed Ben Bella en 1962: el reforzamiento del control estatal burocrático sobre la economía, la desintegración del Frente de Liberación Nacional originario, y su reemplazo por el ejército como factor de integración nacional. El régimen de Boumedienne también redujo el poder político de líderes provinciales, atacó a las fuerzas independientes de izquierda, y sumó técnicos, entrenados en Francia, a la burocracia que heredaba del gobierno de Ben Bella. Con el paso de los años, estos técnicos y burócratas pasaron a ser una clase social, con intereses propios.

El gobierno también limitó el poder de los sindicatos en las empresas nacionalizadas; en 1966 se aprobaron reformas al Código Penal que restringieron el derecho de huelga; en 1969, el movimiento sindical autónomo fue obligado a convertirse en una rama del FLN, se redujo la militancia obrera y se dispuso que los salarios fueran fijados por el estado. En las empresas estatizadas se mantuvieron las prácticas de las viejas empresas capitalistas. En las cooperativas agrícolas, en manos del estado, también se debilitó la autonomía de los consejos obreros y las antiguas guerrillas. En síntesis, por todos lados hubo un proceso de concentración de la autoridad. Farsoun señalaba que el obstáculo más serio para la transición al socialismo residía en la misma naturaleza capitalista del estado: “La tendencia a formar un estrato de la sociedad argelina más privilegiado y poderoso, que comenzó sobre una base ad hoc bajo Ben Bella, fue sistematizada y consolidada durante los primeros ocho años del gobierno de Boumedienne. Cada una de las capas de la “nueva elite” se formó a partir de las circunstancias especiales de la guerra por la independencia y la era inmediata de la posindependencia. El capitalismo de estado como un sistema económico ayudó a crear y sostener tal “nueva elite” (p. 26). Agregaba que los burócratas del estado no conformaban una nueva “clase” en el sentido capitalista clásico, ya que no eran propietarios de los medios de producción. Pero tenían el monopolio sobre los medios de producción, un estilo de vida distintivo, en términos de privilegios materiales y contactos sociales, y movilidad social ascendente a través de la jerarquía de la organización estatal. Esa burocracia compartía intereses con miembros de otros estratos, principalmente los líderes del ejército, los profesionales y los propietarios de tierra argelinos nativos (muchos de éstos estaban en la propia burocracia, y no estaban interesados en avanzar en la reforma agraria). Y concluía: “Todavía son los burócratas del estado, con sus aliados profesionales y los propietarios de las tierras, los que tienen el control de los medios de producción frente a los trabajadores” (p. 27). Los trabajadores nunca tuvieron acceso al control directo de la gestión de las empresas; por supuesto, menos poder tuvieron aún en lo que se refería a las decisiones estratégicas de la política económica, y general.

Por otra parte, la situación con respecto a la gestión obrera no había mejorado con la aprobación, en 1971, de la “Carta de Gestión Socialista”, que hablaba del involucramiento de las bases a través de la participación en consejos de empresa (véase Nells, 1977). Según el texto de la Carta, desaparecían a partir de ese momento los motivos de conflictos, y los trabajadores debían mejorar la productividad “porque las empresas son del pueblo”. Nells, que simpatizaba con el gobierno argelino, admitía que “el régimen está buscando evitar ser sofocado por una burocracia estéril e irresponsable” (p. 536). Pero, según el articulado, el control efectivo seguía en manos de los administradores estatal. Y en la implementación de la Carta se hizo todavía menos por avanzar en la gestión obrera. Las primeras asambleas para elegir los consejos se realizaron recién en 1974 (se dijo que era para preparar mejor la gestión obrera), rápidamente aparecieron los conflictos entre los directores y los trabajadores, y las cosas siguieron igual. Más tarde, con la llegada de Chadli Bendjedid al poder (en 1979), los trabajadores sufrieron nuevos ataques: se aumentó la semana laboral, se ató una parte más elevada de los salarios a la productividad, y disminuyeron los gastos sociales (Alexander, 2002). En 1981 y 1986 hubo importantes huelgas y manifestaciones en protesta por la crisis que, como sucede siempre, la estaban pagando a pleno los explotados; “para 1988 Benjedid se había convertido en un autócrata aislado que dependía de la alta jefatura militar para permanecer en el poder, pero carecía de aliados y redes clientelares que lo ayudara a gobernar” (Alexander, p. 328).

Señalemos también que las contradicciones y problemas asociados a la gestión burocrática se extendieron a la relación con los campesinos. Toda la experiencia histórica demuestra que la incorporación del campesinado a un proyecto socialista nunca pudo, ni podrá ser llevada a cabo por la burocracia capitalista de estado. En Argelia, en especial, hubo además una manifiesta desatención del sector agrícola, agravada por los manejos burocráticos; la consecuencia, fue la caída de la producción, lo que también acentuó el problema externo (como se desarrolla en la tercera parte de la nota).

Textos citados:
Alexander, C. (2003): “The Architecture of Militancy: Workers and the State in Algeria, 1979-1990”, Comparative Politics, vol. 34, pp. 315-335.
CEPII (1983): Économie mondiale: la montée des tensions, Rapport du Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, Paris, Économica.
Farsoun, K. (1978): “State Capitalism in Algeria”, Middle East Research and Information Project, MERIP Reports, Nº 35, pp. 3-30.
Nells, J. R. (1977): “Socialist Management in Algeria”, The Journal of Modern African Studies, vol. 15, pp. 529-554.
Ominami, C. (1986): Le tiers monde dans la crise, Paris, La Découverte.
Sid Ahmed, A. (1983): “Développement sans croissance, l’expérience des economies pétrolières du tiers monde”, Critiques de l’economie politique, pp. 63-95.
Silva Michelena, H. (1997): “La crisis de los nuevos tiempos (y una larga mirada a las políticas públicas 96-97)”, en AA.VV., Historia mínima de la economía venezolana, Caracas, La Brújula.
Trotsky, L. (1973): La revolución traicionada, Buenos Aires, Yunque.

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Renta petrolera y capitalismo de estado (2)

Renta petrolera y capitalismo de estado (1)

En una nota anterior comparé brevemente la utilización de la renta en Venezuela con la experiencia de los países petroleros del Tercer Mundo en los años 1970, cuando se intentó la industrialización en base al manejo estatal de la renta. Arabia Saudita, Irán, Libia, Irak, Argelia y la misma Venezuela, fueron casos destacados. Sin embargo, ninguno superó la dependencia y el atraso. Peor aún, varios países terminaron  en agudas crisis y aplicando políticas pro mercado y antipopulares. ¿Por qué la lluvia de renta no pudo impulsar un desarrollo de las fuerzas productivas con bases sólidas? Posiblemente no haya una única respuesta, pero ante las dificultades que enfrenta hoy el proyecto chavista, vale la pena echar una mirada a los problemas y contradicciones de la experiencia de industrialización, sostenida en la renta petrolera, de los años 60 y 70. Es lo que tratamos en esta nota, con especial atención a la experiencia de Venezuela. Debido a su extensión, la presento en tres partes.

Ingreso rentístico sin desarrollo

Tal vez el caso histórico paradigmático de un país que recibe una enorme renta que no se emplea productivamente, sea España. Luego de recibir una enorme cantidad de oro y plata, proveniente de América, a lo largo del siglo XVI, la gente tomaba conciencia de que el oro llegado de América “no se quedó en España, sino que fue sustituido por una montaña de créditos, de compromisos, de títulos de renta y de mala moneda circulante” (Vilar, 1982, p. 229). Se observaba por entonces que no había actividad, las gentes vivían sin producir y “los impuestos son enormes porque el Estado está endeudado” (pp. 229-30). La entrada del oro había fomentado actividades improductivas, había “parasitismo colonial”, y los observadores pedían fomentar la industria, la agricultura e incrementar población (ídem, p. 231). Se constataba así que no era suficiente con inyectar renta España para que hubiera desarrollo; hacían falta transformaciones sociales para abrir un cauce a la acumulación.

Mutatis mutandi, puede decirse algo semejante acerca de las experiencias de los países petroleros del Tercer Mundo en el siglo XX y los inicios del XXI. Recibieron una enorme renta, pero al día de hoy continúan siendo tecnológicamente atrasados, y sus economías altamente desestructuradas y vulnerables. Varios autores han llamado la atención sobre este fenómeno. Así, y refiriéndose a Venezuela, Héctor Malavé Mata escribe: “La explotación petrolera.. le ha conferido una tipología particular a la economía del país, generando en ésta la asimetría estructural, la dependencia externa y la vulnerabilidad que la caracterizan indefectiblemente” (p. 28). Aunque durante mucho tiempo se habló de “convertir la renta petrolera en factor de desarrollo sostenido” (p. 29), en 1976 (año de la nacionalización de la industria de los hidrocarburos) persistían los síndromes del “país petrolero”, tales como una estructura asimétrica de la economía, la dependencia fiscal del petróleo y la expatriación de plusvalías territoriales (p. 44). Los problemas continuaron después de 1976: “A mediados de la década de los ochenta persistía el raquitismo estructural del crecimiento de la economía” (p. 45). En un plano más general, Asdrúbal Baptista, considera que existe una secuencia general, derivada de la inseparabilidad del origen de la renta de su uso y destino: “el desarrollo capitalista de una economía originalmente muy atrasada, basado en el aprovechamiento de una renta internacional de la tierra, sigue un curso previsible. A un período de intenso y generalizado crecimiento y maduración le sigue un aprovechamiento cada vez menor de la renta captada y empleada a los fines de crecer, hasta alcanzarse una situación en la que con la madurez aparecen necesidades institucionales y estructurales cuya satisfacción se enfrenta a la presencia misma de la renta. En esta condición históricamente final, los circuitos de la acumulación se entraban, impidiendo un desarrollo autosostenido y prolongado” (p. xxxiv). Más adelante apunta que el destino del ingreso rentístico “puede moverse desde la simple dilapidación… hasta su más rigurosa acumulación capitalista” (p. 21).

¿Limitación por demanda o problemas de estructura social?

El tema entonces es responder por qué la vía rentística-estatal-capitalista de industrialización de los países exportadores de petróleo del Tercer Mundo ha terminado en vía muerta. El propio Baptista presenta una explicación del fracaso. Sostiene que la dificultad reside en que, en los países rentísticos, las importaciones de medios de producción, que son financiadas con la renta, no tienen como contrapartida ingresos internos que sirvan para absorber el producto resultante del incremento de la capacidad productiva. En otras palabras, “no hay domésticamente ingresos para comprar los adicionales bienes producidos con el auxilio de estos instrumentos de producción importados” (pp. 208-9). Por lo cual, “el capitalismo rentístico, en líneas generales, no es viable en el largo plazo” (p. 209); existiría por ende una dificultad “estructural” para el desarrollo. Anotemos que esta explicación es una variante, centrada en la demanda, de la llamada “debilidad de la capacidad de absorción” de las inversiones (véase más adelante). La solución, según Baptista, pasaría por que la renta, a un mismo tiempo, pudiera dirigirse hacia la oferta y la demanda “con una razonable posibilidad de armonía entre ambas” (p. 211). Pero esta “armonía” es casi imposible. De ahí que concluya que, indefectiblemente, a la expansión de esa industrialización basada en la renta, deberá seguir el estrangulamiento del desarrollo.

El problema de esta tesis es que no parece haber una razón clara para que exista una limitación estructural de la absorción del producto que es incrementado con la inversión productiva de la renta. Para explicarlo con un ejemplo, supongamos una economía de farmers, que goza de una alta renta diferencial de la tierra, y cuya producción se exporta mayoritariamente; los farmers se apropian entonces de renta “internacional”, para utilizar la terminología de Baptista. Luego, esa renta, más la ganancia del capital, es reinvertida por estos granjeros, no solo para ampliar la producción agraria, sino también para iniciar (los más ricos) la producción industrial. ¿Por qué debería existir una insuficiencia estructural de demanda para esa producción incrementada? No se alcanza a visualizar la razón. Al contratar trabajadores productivos, se genera valor que conforma un poder de compra equivalente al valor agregado que es lanzado al mercado, bajo la forma de producto. Estamos en la reproducción ampliada “a lo Marx”. El hecho de que una parte del valor invertido en la industria sea renta, no cambia la naturaleza del asunto. Por eso, no habría razones para que exista una insuficiencia estructural de demanda si la renta se capitaliza productivamente.

Aclaremos también que es un error sostener, como hace Baptista, que la renta diferencial no es valor generado al interior de la nación, sino un ingreso que proviene de un “recargo” impuesto por “el ejercicio monopólico que entraña la propiedad territorial” (p. 33). La renta -sigo en esto la teoría de Marx- es valor generado por el trabajo que se aplica a los pozos relativamente más productivos. Ese trabajo funciona como trabajo potenciado.

Esta discusión preliminar sugiere entonces la necesidad de encarar los problemas de las economías rentísticas poniendo el acento en las estructuras de la oferta, más precisamente, en la estructura social de producción. Pareciera que ciertas estructuras sociales pueden ser decisivas en un proceso de desarrollo capitalista. Y en este punto, rescato un viejo artículo -es de 1983- de Abdelkader Sid Ahmed, referido a las economías petroleras (ver bibliografía). Dado que el escrito es poco conocido, y difícil de conseguir, en lo que sigue presento sus ideas principales con alguna extensión.

La explicación de Sid Ahmed

Sid Ahmed sostiene que después de la suba de los precios del petróleo en 1973-4, los países exportadores recibieron un fuerte impacto negativo con la caída del precio en 1982-3. Plantea que el crecimiento de los ingresos petroleros parecía haber llevado a la hinchazón de las importaciones, al desaliento de las exportaciones y de todo esfuerzo productivo. En particular, la devaluación del peso mexicano de comienzos de 1982, siendo una economía con recursos técnicos y humanos superiores a los de otros países, mostraba que “existe una lógica de la renta que puede oponerse a la lógica de la producción” (p. 63). En este nivel, sostiene Sid Ahmed, el desarrollo no debería medirse en términos del número de kilómetros de rutas o de líneas eléctricas tendidas, ya que supone más bien “la edificación de una economía volcada hacia la creatividad, el esfuerzo productivo y el ahorro interno” (ídem). Anotemos que la referencia a la “creatividad” empalma con la insistencia de los neoschumpeterianos en la importancia de la innovación tecnológica y la investigación y el desarrollo en los países atrasados. Desde el punto de vista del marxismo, hablaríamos de la necesidad de avanzar en el trabajo complejo y en la producción de mercancías con alto valor agregado.

Sid Ahmed plantea luego que en la relación entre renta y trabajo productivo de las economías petroleras reencontramos el rompecabezas de los economistas clásicos. Es que asimilar sencillamente la acumulación de capital a partir de una renta, a la acumulación del capital a partir del trabajo productivo, lleva a ignorar las características principales y estructurales del funcionamiento de las economías rentísticas. Lo cual es particularmente cierto para las rentas mineras (provenientes de diamantes, petróleo, oro, etc.), que juegan un rol de primer orden en el financiamiento de la economía nacional. Es que la valorización de los recursos naturales, o incluso la industrialización, no son una panacea, ya que sin una estrategia realista de desarrollo equilibrado, la valorización solo constituye una nueva forma de dependencia. Más precisamente, y en ausencia de un tejido industrial tecnológico y educacional serio, hay que hablar de un proceso acelerado de modernización técnica, pero no de desarrollo (Sid Ahmed utiliza el término “crecimiento”). Lo decisivo es que éste “supone la existencia de sistemas productivos relativamente integrados, con productividad en avance” (p. 64). Pero en las economías petroleras el sector productivo es limitado, y tienden a predominar los servicios. “En las economías petroleras, el Estado juega un rol principal pues redistribuye la renta. El bienestar -cuya amplitud depende del volumen de la renta-, que caracteriza a las economías petroleras y cuya característica es aislar totalmente el reparto de la producción, ha transformado un cierto número de estas economías en economías de asistidas, esto es, de pensionados” (ídem). Por este motivo, en ellas se pueden ver los signos del crecimiento -elevación del nivel de vida de la población, medicina gratuita, subvención de los productos de primera necesidad, etcétera- coexistiendo con una estructura productiva rudimentaria. Se refiere también a políticas voluntaristas, impotentes para movilizar la creatividad y las energías de los agentes, y destaca algunas características de estas economías:

a) La inexistencia de un vínculo entre la producción y la distribución. Los ingresos petroleros recibidos por los Estados no tienen su origen en sus sistemas productivos.
b) El valor agregado por la industria petrolera al PBI constituye un componente mayor de éste. Asimismo, los ingresos petroleros en relación a los ingresos totales del Estado y a los ingresos totales en divisas constituyen una proporción importante de estos últimos.
c) La existencia de una renta sustancial está en el origen de gastos públicos importantes sin que se ejerzan las constricciones tradicionales de orden fiscal, de balance de pagos y de inflación que padecen otros países en desarrollo.
d) El avance más rápido de los ingresos petroleros en relación al PBI se traduce en un desarrollo sin precedentes del sector público. Los conflictos de clases tienden a ordenarse en torno del reparto de la renta.

Sid Ahmed señala también que los desempeños en crecimiento de las economías exportadoras de hidrocarburos son en general mediocres, en vista del esfuerzo inversor realizado. Se revela una incapacidad para pasar de la fase de inversiones extensivas a las intensivas, y la inversión pública extensiva, aunque crea demanda, no genera sin embargo los cambios estructurales que harían posible el desarrollo socio-económico (p. 68), Además, la economía petrolera posee un “carácter explosivo potencial” debido a las oscilaciones bruscas de los precios y de la demanda mundial. Cuando sobrevienen los problemas “el poder de compra es amputado brutalmente, las subvenciones a los consumidores, muchas veces considerables, son reducidas o incluso suprimidas y las devaluaciones alcanzan una amplitud inimaginable en situaciones normales, como lo muestra la experiencia mexicana de los últimos años” (p. 71).

La “debilidad de la capacidad de la absorción”

En su artículo Sid Ahmed plantea que a partir de los planes de ayuda a los países subdesarrollados implementados por el Banco Mundial, en los años 1948-9 comenzó a prestarse atención a la llamada “capacidad de absorción”, una noción que se ha convertido en un lugar común en la literatura sobre desarrollo. El concepto alude a las dificultades que puede encontrar la inversión productiva por: a) la débil demanda y poca extensión de los mercados internos y externos; b) la carencia de infraestructura adecuada; c) los obstáculos de orden político, institucional o socio cultural. Estos factores podrían imposibilitar la acumulación sostenida (el planteo de Baptista sobre el estrangulamiento por insuficiencia de demanda es, en el fondo, una variante de esta línea de pensamiento). Pero Sid Ahmed sostiene que el concepto es limitado, ya que “la capacidad de absorción de un país podría ser cambiada en dinámica por la eliminación de uno u otro de los obstáculos antes mencionados” (p. 72). En particular, tanto las insuficiencias de la demanda, como de la infraestructura productiva, podrían ser remontadas. Todo depende de las transformaciones estructurales. En palabras de Sid Ahmed: “El concepto de absorción es demasiado limitado y estrecho para reflejar las transformaciones estructurales que exige la era del post-petróleo, y sobre todo este concepto pasa por alto los efectos perversos que ejerce la renta de hidrocarburos sobre la génesis del desarrollo autosostenido” (pp. 73-4). Una cierta estructura social como condición inicial puede llevar a que la renta petrolera retroalimente esa misma estructura, dando como resultado la persistencia en el tiempo de las características que definen a la estructura del país petrolero. La enseñanza que se desprendería de esto parece clara: una “revolución” no puede consistir en el mero reparto de la renta, desde alguna estructura de poder estatal. Un capitalismo de estado “rico”, debido a la disposición -por algún período de tiempo más o menos largo- de una abultada renta, no es condición suficiente para dar lugar a un proceso de desarrollo capitalista de las fuerzas productivas.

Textos citados:
Baptista, A. (2010): Teoría económica del capitalismo rentístico, Caracas, Banco Central de Venezuela.
Malavé Mata, H. (2006): La trama estéril del petróleo, Caracas, Rayuela Taller de Ediciones.
Sid Ahmed, A. (1983): “Développement sans croissance, l’expérience des economies pétrolières du tiers monde”, Critiques de l’economie politique, pp. 63-95.
Vilar, P. (1982): Oro y moneda en la historia (1450-1920), Barcelona, Ariel.

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“Renta petrolera y capitalismo de estado (1)”

Lorenzino, Kicillof y devaluación, ¿desfachatez o ignorancia?

En su presentación del día de ayer ante el Senado, el equipo económico -Hernán Lorenzino, ministro de Economía, Axel Kicillof, viceministro, Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Central y Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP- dejaron en claro, una y otra vez, que el Gobierno K es enemigo de las devaluaciones. “No hay razones para que el Gobierno piense en devaluar”, dijo Lorenzino. Y el doctor Kicillof se explayó largamente sobre el tema. Durante más de 40 minutos disertó acerca de los males que históricamente provocaron las devaluaciones. Así, explicó que generan inflación y recesión, aumentan el desempleo, disminuyen el poder adquisitivo de los argentinos, para concluir que actualmente, devaluar “sería la salida para un problema que no existe”. Todo esto condimentado con las condenas a la macroeconomía de los manuales, que ya son un “clásico” en “heterodoxia” (acerca lo que pienso de esta “heterodoxia”, ver aquí).

Pues bien, el argumento de Kicillof invisibiliza las cuestiones fundamentales implicadas en las devaluaciones. Es que la devaluación ha sido siempre un medio para bajar salarios (esto es, para provocar una redistribución regresiva del ingreso) de todo gobierno y del capital en general. Por eso, ha sido empleada por gobiernos de diferentes orientaciones. Esto es, no sólo por la “ortodoxia neoliberal” (digamos, al estilo Frondizi o Krieger Vasena, bajo Onganía), sino también por el “movimiento nacional y popular”. En particular, la devaluación de 2001-2 ocurrió bajo el gobierno de Duhalde, y fue apoyada por casi todo el espectro político, incluyendo a los Kirchner y a muchos otros funcionarios del actual gobierno, y destacados representantes del “pensamiento nacional”. Y esa devaluación fue clave para la recuperación del ciclo de negocios en Argentina (esto es, la salida de la crisis no se produjo por vía “progresista”, sino por aumento de la explotación del trabajo). Por supuesto, prudente para con sus mandantes, el doctor Kicillof pasó por alto esta pequeña circunstancia.

Pero además, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, el banco central intervenía en el mercado para evitar la apreciación del peso. De nuevo, el doctor Kicillof se “olvidó” de aquellos años de alabanzas al peso depreciado, cuando el discurso dominante presentaba el “modelo de crecimiento basado en el tipo de cambio alto” como la antítesis del “modelo neoliberal de los 90”, de moneda apreciada en términos reales. Por entonces parece que la receta del “manual de macro ortodoxa” era la apreciación del peso, y la “heterodoxia” era moneda devaluada. Con moneda devaluada, más superávit fiscal, se nos decía, se superarían el atraso y la dependencia del capitalismo argentino. En otras notas he discutido las debilidades y contradicciones que encerraba esto, y no tengo que volver a ello aquí. Lo que destaco ahora es que el cuento que cuenta Kicillof se cae por los cuatro costados.

¿Quién devalúa?

Según Moreno, Kicillof, Marcó del Pont y Lorenzino, la inflación en Argentina es la que dice el Indec. También dicen que el Gobierno no devalúa. Entonces, vamos a los números para ver qué hay de cierto.

La realidad es que entre diciembre de 2007 y marzo de 2013 la inflación, fue del 59% (Indec). En ese lapso la devaluación fue del 64,5%. Entre enero de 2012 y enero de 2013 la inflación fue del 11% (Indec); en mismo período el tipo de cambio oficial aumentó 13%. En los tres primeros meses de 2013 la suba acumulada de precios fue del 2,4% (Indec), en tanto la devaluación del peso fue del 3,8%. Esto significa que el ritmo de devaluación, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se ubicó por encima de la tasa de inflación (calculada según el Indec, que los funcionarios dicen que es la única válida). Hubo entonces, según los datos proporcionados por el equipo económico, una depreciación real de la moneda (y esto sin tomar en cuenta la inflación externa), impulsada por el mismo equipo económico que está diciendo que no impulsa la devaluación porque genera bajas de salarios e inflación.

Además, el ritmo de inflación se está acelerando, ya que se ubica en el 16% anual (tomando como referencia el primer trimestre). Esto cuando la inflación proyectada por el Gobierno (en el cálculo del presupuesto) es del 10,8%. ¿Cómo están diciendo entonces que no devalúan? Además, si no hay que devaluar para solucionar un problema “que no existe”, ¿por qué se devalúa? Y si no devalúan, ¿por qué el tipo de cambio manejado por el Central pasó de menos de $2,90 en enero de 2005 a $5,23 en la actualidad? (casi 80% de devaluación). La conclusión: o están mintiendo desfachatadamente, o no saben hacer las cuentas.

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Lorenzino, Kicillof y devaluación, ¿desfachatez o ignorancia?

Debate sobre la inflación en la Argentina (4)

      Continúa la parte (3)

Como puede anticiparse de lo que he venido planteando en lo anterior, sostengo que la actual alta inflación en Argentina tiene su raíz en la salida devaluatoria e inflacionaria de la crisis y depresión de 2001-2. Por supuesto, la mayoría de los economistas tienden a coincidir en que la devaluación de 2001-2 fue la causa principal del alza de precios de 2002. Es que no hay forma de explicar esa tasa de inflación por emisión monetaria, por déficit fiscal, o por puja distributiva, para aludir sólo a las razones más mencionadas. Sin embargo, realizado este reconocimiento, monetaristas y keynesianos rápidamente pasan por alto que aquella fuerte depreciación de la moneda, levantó la restricción monetaria a la que hacía referencia Rowthorn (ver la tercera parte de esta nota) y abrió el cauce para que se instalara una dinámica de ajustes y variaciones en la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo, y entre las diferentes fracciones del capital, por vía de las alzas de precios, salarios y nuevas subas del tipo de cambio. Como lo hemos explicado en otras notas y trabajos, la devaluación de 2001-2 significó un profundo ajuste bajista de los salarios, tanto en término de los precios internos, como de la moneda mundial. Pero además, significó una profunda modificación de los precios relativos, y de las tasas de rentabilidad, a favor de los sectores productores de bienes transables, y en detrimento de los precios y rentabilidades de las ramas de no transables (típicamente, salud y educación privadas, transporte, comunicaciones, vivienda, y similares). Esta situación, seguida de la recuperación de la economía en los años posteriores a la devaluación, generó el escenario para que los ingresos del trabajo, y de las fracciones del capital vinculadas a no transables, recuperaran terreno vía ajustes alcistas.

Lo importante de esto es que la actual dinámica inflacionaria no se puede analizar abstrayéndose de este antecedente. Pero esto es lo que hacen monetaristas y “heterodoxos K”. Los primeros sostienen, desde hace años, que la inflación se debe pura y exclusivamente a la emisión monetaria. Los segundos, afirman que las razones son sólo “estructurales”. Así, por ejemplo, el Banco Central, en su informe de la programación monetaria para 2013, atribuye las causas de la inflación a “la presencia de desequilibrios en la estructura productiva, los ‘cuellos de botella’ en determinados sectores, la puja distributiva, la formación oligopólica de precios y los shocks exógenos de precios internacionales”. Aunque también parece otorgar su parte al aumento de la masa monetaria, ya que reivindica las políticas de esterilización.

El problema con estos enfoques es que no resuelven la cuestión planteada. La emisión monetaria “en general” no es impulsora de inflación. Como lo veremos enseguida, la aceleración de la inflación desde el 3,7% en 2003 al 21% o 22% en 2008, no se puede explicar por “emisión monetaria excesiva”, como sostienen los monetaristas. Por otra parte, tampoco las razones “estructurales” que presenta el Banco Central pueden dar cuenta de la especificidad de la inflación argentina. Para avanzar en la comprensión de las cuestiones implicadas, es interesante analizar las posturas en torno a la política monetaria del BCRA, después de la salida de la depresión de 2001-2.

Debate sobre la inflación en Argentina (3)

Continúa la segunda parte

 La tesis de la puja distributiva

Al terminar la segunda parte de esta nota, señalé que la explicación de Kalecki sobre la inflación conecta con la sostenida por Crespo y Fiorito. Aunque Kalecki no dejó un estudio sistemático, trató, en diversos escritos tres casos típicos (sigo a Sawyer, 1985). El primero, la inflación por demanda, que ocurre cuando existen límites a la capacidad de aumentar el output. No es la inflación por demanda de los neoclásicos (caso, los monetaristas), ya que Kalecki supone condiciones excepcionales, como ocurren en una economía de guerra, cuando hay restricciones en la oferta y suben el empleo y los salarios. En condiciones normales de reproducción del capital, según Kalecki, el aumento de la demanda debe inducir al aumento del output, que puede expandirse a costos relativamente constantes (es la situación habitual en el capitalismo contemporáneo). Un segundo caso analizado por el economista polaco es la hiperinflación, que no vamos a tratar. El tercero, y el más general, es la inflación que puede generarse en las economías que están operando en niveles cercanos al pleno empleo, a partir de una tendencia espontánea al aumento de los salarios nominales. Dada la constancia del mark up, los aumentos de salarios entonces se trasladan a precios. Aunque es importante recordar que Kalecki pensaba que para que ocurriera este tipo de inflación debía existir una oferta monetaria acomodaticia. Puede decirse entonces que Kalecki es uno de los pioneros de la amplia variedad de economistas que atribuyen la inflación al conflicto distributivo.

El núcleo de esta idea es explicado por CyF: un aumento inicial de precios (o salarios) es sucedido por aumentos compensatorios de salarios (o precios), que a su vez son seguidos de nuevos aumentos de precios (o salarios), y así continuamente. Según estos autores, ésta sería la razón fundamental de la inflación argentina en los 2000. En términos más generales, es la tesis que encontramos en los poskeynesianos, estructuralistas y otros “heterodoxos”. Paul Davidson, por ejemplo, sostiene que la inflación “es un síntoma de la lucha en torno a la distribución del ingreso”, cuando las corporaciones y las multinacionales, los sindicatos y otros grupos organizados, tratan de “obtener una mayor porción del ingreso nacional o mundial disponible para ellos” (1991, pp. 89 y 91). En la misma dirección, Lance Taylor afirma que “si la participación de los salarios es baja, los trabajadores responderán presionando por aumentos más rápidos… de sus salarios”, lo que desata una “core” inflación (1985, p. 389). Precisemos que la tesis de la inflación por conflicto distributivo también ha sido, y es, defendida por buena parte de la ortodoxia mainstream. Por ejemplo, en los años 1960 y 1970 el keynesianismo “oficial” establecía una relación inversa entre la desocupación y los salarios (curva Phillips); y una relación directa entre los salarios y el nivel de precios, a través del mark up (descontando productividad). Actualmente, la curva Phillips de los nuevos keynesianos también vincula el nivel de precios con los salarios, a través de la tasa de desempleo (aunque a diferencia de la curva tradicional, incluye la “tasa natural de desempleo” y la inflación esperada). Por eso, explicaciones del tipo “inflación por demanda” son, en esencia, explicaciones por “costo salarial”. Por ejemplo, una secuencia es: aumenta la demanda (provocada por el gobierno, o un shock inexplicado); en consecuencia aumenta la producción; lo que lleva a la disminución del desempleo por debajo de la tasa “natural”; lo que provoca aumento de salarios; que genera el aumento del nivel de precios. En definitiva, no se puede decir que la tesis de la inflación por puja distributiva sea específica de la “heterodoxia”.

Debate sobre la inflación en Argentina (2)

  Continuación de “Debates sobre inflación en Argentina (1) aquí.

Problemas teóricos

La discusión acerca de las causas de la inflación es, en esencia, un debate sobre teoría del valor y de la acumulación del capital; entendiendo que la teoría del valor incluye tanto la formación de precios, como una determinada concepción del dinero (Marx decía que la teoría monetaria era la verdadera prueba de fuego de una teoría del valor). Por eso, detrás de las explicaciones monetaristas de la inflación -el aumento de precios se debe al aumento de la cantidad de dinero- existe una cierta concepción del dinero (o tal vez, la ausencia del concepto del dinero), así como detrás de la explicación keynesiana -la inflación es el reflejo de una puja distributiva- existe una concepción del precio. Por eso es importante prestar atención a la base teórica del planteo de Manzanelli y Schorr.

Indeterminación de precios en Kalecki

En el artículo publicado por el IADE (ver referencia bibliográfica), MyS explican que el fundamento de su enfoque es la teoría del precio de monopolio de Kalecki. Según MyS, Kalecki “demostró cómo en los mercados altamente concentrados el precio establecido por las empresas oligopólicas (p) tiende a ser más elevado en relación con el costo medio unitario de las restantes firmas, con sus consiguientes derivaciones en materia de apropiación de ganancias extraordinarias”. Luego citan a Kalecki cuando explica que el precio medio es proporcional al costo primo unitario medio, dado el grado de monopolio, de manera que los ingresos brutos y los costos primos guardan una relación estable y creciente o decreciente, según cambie el grado de monopolio (véase p. 28).

Empecemos precisando que Kalecki no “demostró” que los precios establecidos por las empresas oligopólicas tienden a ser más elevados en relación a sus costos medios que en las restantes empresas, sino que lo postuló. Para demostrar, debería haber presentado evidencia de que los sectores más concentrados gozan de tasas de ganancias sistemáticamente más altas; y que en procesos inflacionarios, los precios de los productos de las ramas más concentradas aumentan a una tasa superior de lo que lo hacen los productos de los sectores no concentrados. Kalecki no muestra evidencia de esto, ni la presentaron luego los poskeynesianos. Eichner (1973), por ejemplo, muestra la evolución de los precios de los sectores competitivo y oligopólico, entre 1965 y 1972, para EEUU, y no se ve que los precios de los bienes producidos en las ramas más concentradas hayan evolucionado por encima de los precios de las ramas consideradas competitivas. Es cierto que los segundos oscilan más que los primeros, pero aumentan a la misma tasa promedio. Asimismo, en la primera parte de esta nota vimos que la evolución de los precios industriales en Argentina entre 2001 y 2010, tampoco confirma la teoría kaleckiana. Esto a pesar de que esa serie fue considerada por MyS como representativa de la formación “a lo Kalecki” de los precios oligopólicos. Algo similar se puede decir, en términos generales, sobre la pretendida tasa de ganancia monopólica sistemática en el capitalismo moderno (ver más abajo).

Ampliación de “Debate sobre inflación (1)”

En el día de ayer Pablo Manzanelli tuvo la gentileza de enviarme un mail diciéndome que al leer mi crítica (aquí) a la nota que escribió junto a Martin Schorr, advirtió que yo no había leído la investigación correcta en la que desarrollaron la base empírica de su enfoque. Considerando que es crucial para el debate, me pasó el link del trabajo. Es
http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=4372
. En la nota anterior yo cité una publicación de Schorr, Manzanelli y Basualdo, de 2012, pensando (ahora veo que erróneamente) que era la fuente última de la posición expuesta en la nota de Página 12; el trabajo que me envió Manzanelli es más reciente, de 2013.

En respuesta a su mail, le dije a Manzanelli que en caso necesario rectificaría lo que había escrito. Pero luego de estudiar el trabajo, y en especial el Anexo 3, que tiene los datos estadísticos principales para las conclusiones, debo decir que estoy incluso más convencido, si se quiere, de que de la misma investigación que han hecho Manzanelli y Schorr no se desprende lo que ellos sostienen que se desprende, a saber, que los grupos concentrados tienen un mayor poder de determinación de los precios.

De todas formas, y antes de examinar la cuestión de la inflación en la industria, es preciso señalar que el escrito de 2013 no trata las altas diferencias de inflación entre sectores (agropecuario, minería, manufactura, servicios). Como sostuve en la nota principal, no hay manera de demostrar que el sector agropecuario aumentó los precios muy por encima del sector industrial, o servicios, debido a las diferencias en el grado de concentración.

Vayamos entonces a la industria. En el Anexo 3 del trabajo citado, figuran 129 ramas fabriles, que fueron estratificadas según su grado de concentración en el 2003. Fueron clasificadas en ramas altamente concentradas (RAC); medianamente concentradas (RMC) y escasamente concentradas (REC), y se registró el aumento de precios mayoristas de cada una de ellas para el período 2001-10. Se consideraron RAC las ramas en las cuales las 8 mayores empresas generan más del 50% de la producción; RMC las ramas en las cuales las 8 mayores generan entre el 25% y el 50% de la producción; y REC aquellas en las cuales las 8 mayores empresas generan menos del 25% de la producción.

Debate sobre la inflación en Argentina (1)

En las ediciones del 10, 17 y 24 de marzo de Página 12 se desarrolló un interesante debate sobre las causas de la inflación en Argentina entre Pablo Manzanelli y Martín Schorr, investigadores de FlACSO, por un lado, y Eduardo Crespo y Alejandro Fiorito, y docentes de la UFRJ y la Universidad de Luján, respectivamente. Los primeros ponen el acento en la estructura oligopólica de la industria argentina, y los segundos en la puja por la distribución del ingreso. Debido a la actualidad del tema, y también respondiendo a algunas consultas que me hicieron amigos y conocidos, en esta nota examino los argumentos presentados. Dada su extensión, he dividido la nota, y la publicaré en secciones. En esta primera parte presento los ejes de la discusión y comienzo el examen de la primera postura, que atribuye un rol preponderante a la formación oligopólica de precios en el proceso inflacionario.

Los ejes de la discusión

La nota de MyS del 10 de marzo (
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-6669-2013-03-10.html
) comienza señalando que “las subas de precios de los últimos años no son un fenómeno exclusivo de la economía argentina, sino que se enmarcan en un contexto mundial significativo de aumento de los commodities (alimentos, petróleo)”. Luego señalan que la industria estaba más concentrada en 2010 que en 2001 (y en 2001 estaba más concentrada que en 1993), y plantean que los precios mayoristas de las industrias oligopólicas se incrementaron un 8% por encima del promedio industrial, mientras que las ramas fabriles con mayores niveles de competencia aumentaron sus precios el 10% por debajo de la media. “De esta manera se corroboró que el importante proceso de elevación de precios industriales en el período 2001-2010 fue conducido por ramas altamente concentradas”, concluyen. Aunque MyS admiten que “el grado de concentración no induce necesariamente a un ascenso de precios”, y que la “inflación oligopólica no es “el factor causal excluyente de la elevación de los precios fabriles”, consideran sin embargo que la misma “desempeñó un papel de suma relevancia”. Señalemos que la nota de MyS tiene como respaldo el trabajo académico de Schorr, Manzanelli y Basualdo (2012, FLACSO), en el que se relacionan las mayores subas de los precios relativos de la industria con el mayor grado de concentración. MyS afirman también que las grandes empresas obtienen ganancias extraordinarias, gracias a las barreras de entrada que existen en las ramas que dominan, pero han sido reticentes a invertir sus abultadas ganancias, y son las que presionan por una devaluación.

CyF, en su artículo del 17 de marzo, (
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-6677-2013-03-22.html
) critican a MyS, en primer lugar porque no analizan los costos, y solo teniéndolos en cuenta, se podrían corroborar las prácticas oligopólicas. En segundo término, señalan que el índice industrial elaborado por FLACSO, con oligopolios incluidos, presenta una suba de precios inferior al promedio de la economía. Y un incremento del 8% por encima del promedio de un índice que creció menos que el resto de los índices sectoriales, no puede ser una causa importante de un aumento total de precios de cerca del 300% en el período 2001-2010.

Tenencia accionaria y “capitalismo del pueblo”

En la nota anterior he explicado que, según la teoría de Marx, la propiedad privada del capital sobre los medios de producción da lugar a una relación de poder de la clase capitalista sobre la clase que solo dispone de su fuerza de trabajo para producir. A partir de aquí, se puede demostrar que existe un impulso o tendencia, inmanente a la acumulación del capital, a una creciente concentración de la riqueza, y de los ingresos, en manos de la clase capitalista. Esta idea ha sido criticada por los defensores del sistema capitalista, con argumentos teóricos y empíricos. Desde el punto de vista teórico, se ha sostenido que no hay razón para que exista una tendencia a la concentración. Y desde lo empírico, se ha afirmado que estaría operando una tendencia a la diversificación de la propiedad y de la riqueza, a través de la tenencia de acciones por parte de amplios sectores de la población de los países desarrollados. EEUU y Gran Bretaña, serían la vanguardia del “capitalismo del pueblo” (o “de la gente”). La idea que se pretende difundir es que, en la medida en que los mercados funcionan sin regulaciones, y la competencia se intensifica (claramente, desde fines de los 1970), la propiedad del capital se hace más “democrática”. El objetivo de esta nota es presentar algunos datos, referidos a EEUU -los resultados para Gran Bretaña son similares- que parecen debilitar sustancialmente la posición de los críticos de Marx. En una futura nota analizaré por qué, desde el punto de vista teórico, la acumulación del capital va acompañada del impulso a la concentración de la riqueza.

¿Qué hay de realidad?

El elemento cierto del que parten los defensores de la tesis de la democratización del capitalismo es que en las últimas décadas, en EEUU, aumentó el número de tenedores de acciones. En 2002, el 49,5% de los hogares, en EEUU, poseían acciones, directa o indirectamente; a comienzos de los 1980 aproximadamente el 19% tenía acciones. En 2002 84 millones de personas poseía acciones, contra 32,5 millones a comienzos de los 80 (Ireland, 2005).

Sin embargo, este crecimiento de la cantidad de personas que tiene acciones no significa que la riqueza esté menos concentrada. Ireland cita largamente a Arthur Kennickell, economista del Survey of Consumer Finance, de la Reserva Federal. Según Kennicell, en 2001 el 1% más rico de EEUU tenía aproximadamente un tercio de la riqueza total, en tanto que el 50% menos rico poseía solo el 3% de la riqueza. Si se quita la riqueza residencial, y se toma en cuenta el valor neto (activos menos deudas), la concentración era aún mayor. En 2001 el 10% más rico de la población de EEUU tenía tres cuartas partes del total del valor neto no residencial; el 5% más rico tenía cerca de dos tercios. En cambio, la mitad más pobre de la población tenía menos del 2%.

Costo de producción, teorías subjetiva y objetiva del valor

Al terminar la nota anterior (aquí) señalé que es un error sostener que existió una única teoría clásica del valor, que habría comprendido a Smith, Ricardo y Mill (y Marx), y se habría prolongado en la obra de Marshall, para llegar a Keynes. El hecho de que todos estos autores hayan sostenido que en el largo plazo el precio normal es igual al costo de producción, no debería llevar a engaño. Si el precio de equilibrio está determinado por el costo de producción, lo que desaparece es el rol preponderante de la demanda en la determinación de ese precio de equilibrio. Pero esto no significa que haya coincidencia en la teoría del valor que sustenta el costo de producción. La realidad es que las teorías del valor de Mill y Marshall, y la de Ricardo y Marx, en base a las cuales se explican los costos de producción, son muy distintas. Marshall y Mill tienen una teoría del costo de producción basada en una perspectiva subjetivista, y Ricardo y Marx en una teoría del valor objetiva, basada en los tiempos de trabajo. De hecho, solo Ricardo se mantuvo, en el pensamiento clásico, dentro de la teoría del valor trabajo. Precisemos: la teoría del valor trabajo sostiene que el valor agregado solo proviene del trabajo humano empeñado en la producción. Esto es, no proviene de la tierra (o de factores naturales) ni de la máquina, u otros “bienes de capital”; y tampoco de algo así como la abstinencia, la espera o el riesgo. Éste es el punto de coincidencia central entre Ricardo y Marx (aunque tienen versiones muy distintas de la teoría del valor trabajo) y de diferencia con Mill, Marshall o Keynes. Para explicar la cuestión, en esta nota reseño las explicaciones de Smith, Mill y Marshall sobre el costo de producción, a fin de que se pueda apreciar la diferencia que media entre estas posturas, y las de Ricardo o Marx.

Competencia y teorías subjetiva y objetiva del valor (3)

Las dos primeras partes de esta nota pueden verse aquí y aquí.

Veamos ahora el razonamiento de los economistas clásicos, de los cuales tomamos como representativos a Ricardo y John Stuart Mill; y por otra parte, Marx. Aclaramos que Marx aplicó el adjetivo “clásicos” a aquellos economistas que buscaban las conexiones internas de los fenómenos, en lugar de quedarse en la superficie. “Entiendo por economía política clásica toda la economía que, desde William Petty, ha investigado la conexión interna de las relaciones de producción burguesa, por oposición a la economía vulgar, que no hace más que deambular estérilmente en torno de la conexión aparente” (1999, t. 1, p. 99). Según esto, Smith, Ricardo o Mill serían “clásicos”, pero no Bastiat o Carey. Lo que nos interesa en lo que sigue es poner de relieve la lógica subyacente en la explicación de Ricardo, Mill y Marx, en relación a la demanda, el rol de la competencia y el precio de costo. Al mismo tiempo, presentamos algunas de las diferencias fundamentales que existen entre estos autores.

La relación entre precios y demanda es empírica

Esto significa que se pueden establecer algunas relaciones, en promedio, entre precios y cantidades demandadas, en base a la observación. Así, Ricardo, Mill y Marx observan que si baja el precio de un bien, en promedio, aumenta su demanda. “Si la mercancía es barata, la demanda es por lo general mayor que si es cara” (Mill, 451-2). Y Marx afirma que “si el valor de mercado baja, se amplían en promedio las necesidades sociales… Si el valor de mercado aumenta, se contraen las necesidades sociales… (1999, t. 2 p. 229). Pero esto no implica que haya necesidad de establecer alguna relación necesaria entre cantidades demandadas y precios. Por ejemplo, la existencia de los llamados bienes Giffen no genera ningún problema particular a la teoría de determinación de precios.

Si la oferta está limitada, la demanda decide el precio

En la teoría neoclásica con la que usualmente se entrenan los estudiantes de economía, la oferta es limitada y la demanda determina el precio, por lo menos a partir de un precio “base” (el caso típico de la subasta). Pues bien, aunque con distintos fundamentos teóricos (en cuanto a las leyes de la “subjetividad”), lo mismo ocurre en los enfoques de Ricardo, Mill o Marx. Por ejemplo, Ricardo no dudaba de que si la oferta de un cierto bien estuviera limitada, y su cantidad no pudiera elevarse por medio del trabajo, su precio dependería del grado en que el bien fuera deseado por la demanda. En el primer capítulo de los Principios escribía:

Competencia y teorías subjetiva y objetiva del valor (2)

La primera parte de esta nota puede consultarse aquí.

 Demanda y teoría neoclásica

A diferencia de lo que sucede en la teoría de los clásicos, o Marx, en la economía neoclásica la demanda es central para la determinación de los precios. En Jevons y Menger, pioneros de la revolución marginalista, esto es muy claro, dado que consideran a la demanda la única determinante de los precios. Ambos suponen que la oferta está “dada”, y que el valor surge de la relación entre las necesidades humanas y la masa de bienes disponible. Por eso, el valor no se funda en alguna propiedad objetiva de los bienes (como sucede en la teoría del valor trabajo) sino en la valoración que hacen los consumidores. “El valor de los bienes se fundamenta en la relación de los bienes con nuestras necesidades, no en los bienes mismos” (Menger, 1985, p. 108). En otros términos, el valor es la traslación de la significación que los bienes tienen para la gente; se trata de un fenómeno anclado en la conciencia. En cuanto a los precios de los medios de producción y de los factores productivos, Jevons y Menger los derivaban del valor de los bienes finales. Así, Jevons sostenía que el trabajo determina el valor, pero “solo de una manera indirecta, por medio de la variación del grado de utilidad de la mercancía a través de un aumento o disminución de la oferta” (citado por Marshall, 1890, Apéndice I).

Pero la demanda también juega un rol clave en el enfoque que arranca con Marshall y Walras, que dice que los precios se determinan simultáneamente por la oferta y la demanda. Es la explicación que también encontramos en la microeconomía de Varian. En este esquema, dada la curva de oferta de pendiente positiva, es imposible determinar los precios sin la curva de demanda, de pendiente negativa. Recuérdese que la curva de oferta se sustenta en la tesis de la productividad marginal decreciente de la tierra, el capital y el trabajo. Dado que los factores reciben un ingreso igual a su producto marginal (que es igual a su costo de oportunidad), es imposible establecer su remuneración sin fijar al mismo tiempo el output y la demanda. Todo entonces debe ser decidido al mismo tiempo, y la demanda es, por lo menos, tan vital como la oferta para determinar los precios.

YPF, Chevron y liberación nacional

Los medios informan que YPF acaba de cerrar un acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron para avanzar de manera conjunta en la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. La inversión inicial será de 1000 millones de dólares, y se perforarán más de 100 pozos en el primer año. Si las cosas marchan como esperan las empresas, podría llegarse a una inversión de 15.000 millones de dólares. Por el acuerdo, YPF otorga a Chevron un derecho de exclusividad por cuatro meses para negociar los términos y condiciones finales por las cuales YPF cederá el 50% de la participación en la explotación de las áreas de Loma de la Lata Norte y Loma Campana.

YPF también ha llegado a un acuerdo por 500 millones de dólares con Eduardo Eunerkian para desarrollar la explotación de Vaca Muerta, y estaría cerrando otro con Bridas (una joint venture entre el grupo Bulgheroni y la china Cnooc). Galuccio, presidente de YPF, ha explicado que la empresa piensa invertir 24.700 millones de dólares hasta 2017 de su flujo propio, y obtener fondos externos hasta completar los 40.000 millones. El marco jurídico de todos estos acuerdos está conformado por la ley de inversiones extranjeras, dictada por la dictadura militar, y los decretos de desregulación de la actividad petrolera, que vienen desde el gobierno de Menem.

Las reservas no convencionales de Argentina serían las terceras en el mundo, estimadas en un equivalente a 23.000 millones de barriles de petróleo. Chevron es la segunda empresa petrolera de EEUU. Recordemos también que ha sido condenada por la Justicia de Ecuador a pagar 18.000 millones de dólares de indemnización por haber contaminado durante años la selva amazónica. La explotación de yacimientos no convencionales es cuestionada por muchos expertos, que sostienen que encierra peligros de contaminación ambiental que no han sido debidamente evaluados y estudiados. De hecho, algunos países europeos mantienen la prohibición de este tipo de explotación. Sin embargo, en EEUU la producción no convencional ha tenido un amplio desarrollo, y en Argentina el gobierno intenta seguir ese camino.

El acuerdo firmado con Chevron debe ponerse en un contexto más amplio. El 13 de septiembre, en la celebración del Día del Petróleo, Kicillof dijo que “queremos que las empresas hagan buenos negocios”; y presentó como una señal positiva el aumento a 7,5 dólares por millón de BTU del gas que extraen YPF y otras empresas. El precio estaba en 2,3 dólares, en tanto que el gas importado de Bolivia llegó a pagarse 12 y 13 dólares. Durante mucho tiempo partidos de la oposición y diferentes medios dijeron que esto era irracional, pero los K-defensores respondían que se trataba de argumentos de la derecha. Sin embargo, el creciente el déficit energético (3500 millones de dólares este año en la balanza gasífera) obligó al aumento, anunciado por la presidenta como un gran paso adelante. Poco después, en el encuentro con los petroleros, Kicillof explicaba: “Para llevar a cabo este aumento de producción se debe tener en cuenta la rentabilidad de la inversión en estos costosos proyectos y el tiempo de repago de estas, que en muchos casos exceden los plazos de las concesiones”.

Competencia y teorías subjetiva y objetiva del valor (1)

En la nota anterior hemos planteado que en la economía clásica la competencia es la fuerza que impone la ley objetiva del precio (ver aquí). Esta cuestión había sido señalada por Hilferding, en El capital financiero: “Lo indeterminado e inconmensurable bajo el domino de los precios de monopolio es la demanda. (…). Ciertamente, el precio de monopolio se puede fijar de forma empírica. Pero su precio no se puede reconocer objetiva y teóricamente, sino sólo concebirlo psicológica y subjetivamente. La economía clásica, en la que incluimos a Marx, ha eliminado, por eso, de sus deducciones el precio de monopolio, el precio de las mercancías que no pueden elevarse a capricho. (…) La ley objetiva del precio sólo se impone… a través de la competencia. Cuando las asociaciones monopolistas eliminan la competencia eliminan con ella el único medio con que pueden realizar una ley objetiva de precios. El precio deja de ser una magnitud determinada objetivamente, se convierte en un problema de cálculo para los que lo determinan voluntaria y conscientemente; en lugar de un resultado, se convierte en un supuesto; en vez de algo objetivo pasa a ser algo subjetivo; en lugar de algo necesario e independiente de la voluntad y la conciencia de los participantes se convierte en una cosa arbitraria y casual” (p. 257; énfasis agregado).

La observación de Hilferding es clave: donde no hay competencia, el precio depende en última instancia de la demanda, esto es, de la intensidad del deseo del comprador. Y esta situación da pie a una teoría subjetiva del valor, esto es, a una teoría que otorga un rol decisivo, en la determinación de los precios, a los gustos y preferencias. Lo cual exige dos requisitos: en primer término, la existencia de un mundo de escasez que dé lugar a una curva de oferta con pendiente positiva (a medida que suben los precios, se ofrecen más bienes). En segundo lugar, sumergirse en un mar de especulaciones acerca de preferencias y elecciones de los compradores (consumidores), que no hay forma de constatar empíricamente. Es sobre estos dos pilares que la economía “de la corriente principal” va a sostener que los precios (incluidos los precios de los “factores”) y las cantidades se determinan simultáneamente. El problema es que cuando se introduce la competencia de productores (como hacen Ricardo y Marx), la curva neoclásica de la oferta se derrumba, y con ella el rol de la demanda en la determinación de los precios.

El objetivo de esta nota entonces es explicar por qué esto es así, a partir de la presentación de lo esencial del esquema neoclásico. Dada su extensión, la he dividido en tres partes. En la primera, presento los problemas encerrados en la construcción de la curva de oferta neoclásica. En la segunda parte, analizo las cuestiones implicadas en la curva de demanda neoclásica. Para estas dos primeras secciones tomo como texto base Microeconomía intermedia. Un enfoque actual, de Hal Varian, y el excelente Una lectura crítica de Varian, Notas sobre Microeconomía intermedia, de Rogelio Huerta Quintanilla. Por último, en la tercera parte presento el planteo de Ricardo.

Más acerca de la competencia

En esta entrada vuelvo sobre la competencia y su relación con la economía clásica y la teoría neoclásica. Su disparador es la lectura de McNulty (1968), que me lleva a enfatizar un aspecto que estaba implícito en las notas anteriores (ver aquí, aquí y aquí), pero no suficientemente explicitado: que la competencia no depende de la cantidad de empresas que operan en una rama. La clarificación de este punto se vincula con la diferencia entre el concepto de competencia en la economía clásica y los neoclásicos. Naturalmente, también se vincula con debates “prácticos”; por ejemplo, sobre las ideas que sustentaron la redacción de la reciente ley de medios en Argentina. Pero en la nota interesan las consecuencias teóricas del asunto.

Competencia en los clásicos y competencia perfecta

McNulty comienza observando que posiblemente no hay concepto en economía más fundamental y extendido que el de competencia, y sin embargo menos satisfactoriamente desarrollado (Marx también observa que los economistas hablan de la competencia pero raras veces profundizan en su contenido y significado).

Por lo general, dice McNulty, se identifica la competencia con una cierta estructura de mercado, concebida en términos de si hay muchos o pocos vendedores. Así, partiendo del monopolio, pasaríamos al duopolio, tripolio, oligopolio, polipolio, hasta llegar a los infinitos vendedores, esto es, la llamada competencia perfecta. Pero si esto es así, tanto en la situación de monopolio como en la competencia perfecta la posibilidad de un comportamiento competitivo está descartado por definición. Lo cual parece claro cuando se habla de monopolio, ya que se identifica a una empresa con la industria. Sin embargo, por lo general se pasa por alto el hecho de que tampoco en la competencia perfecta hay realmente competencia. Es que esta competencia perfecta conformaría una situación en la cual, en palabras de Cournot, el número de empresas ha llegado a ser tan elevado que “los efectos de la competencia han llegado a su límite”. En otros términos, debido al número de empresas, la producción de cada una es despreciable con respecto al producto total de la industria, y puede ser restado sin ninguna variación del precio de la mercancía. Por eso se trata de una situación de equilibrio, en la cual el precio se convierte en un parámetro desde el punto de vista de la empresa individual, y no es posible ninguna actividad de mercado. En consecuencia, no existe competencia. Por eso, para que haya competencia tiene que haber monopolio, al menos temporalmente. Por ejemplo, en una situación “a lo Marx”, cuando una empresa tiene una ventaja competitiva a la que el resto de la rama no puede acceder (al menos no puede hacerlo inmediatamente), y con esa ventaja competitiva influye en los precios. El error de los neoclásicos, observa McNulty, es haber identificado a la competencia con una estructura, que se reduce al número de empresas.

Los autores clásicos, en cambio, no identificaron a la competencia con una estructura de mercado particular, sino con una fuerza, análoga a la fuerza de gravedad en la física. Es que a través de la competencia los recursos gravitan hacia su uso más productivo, y el precio es forzado al nivel más bajo que es sustentable en el largo plazo. Por ejemplo, en Adam Smith la competencia se vinculaba con la fuerza que llevaba al precio del mercado hacia “su nivel natural” y los beneficios hacia un mínimo que permitieran renovar la producción. Por este motivo, Smith no contrastaba la competencia con el monopolio por sí, sino el nivel de precios que resultaba de la presencia o ausencia de la competencia como una fuerza reguladora. El precio de monopolio era el máximo que podía conseguirse, en tanto que el precio natural el menor que podía tomarse. En este enfoque, la competencia no se identifica con el número de empresas (con un estado de mercado, como sucederá en los neoclásicos), sino con la fuerza que empuja al precio natural.

Dos conferencias en la UNAM

Presento el audio de las dos conferencias que di en la Universidad Nacional Autónoma de México, los días 6 y 7 de noviembre.
La primera fue “La situación económica y política de los trabajadores argentinos y el modelo K”, y la segunda “Monopolio, imperialismo e intercambio desigual”.
Aclaremos que dada la restricción de tiempo, en la primera conferencia el tema más extensamente desarrollado fue la situación económica.
Al finalizar las charlas, hubo una ronda de preguntas. Lamentablemente éstas no quedaron registradas en la grabación, aunque sí las respuestas.

• La situación económica y política de los trabajadores argentinos y el modelo K
  Podés descargar el audio o escucharlo online:
  
  

• Monopolio, imperialismo e intercambio desigual
  Podés descargar el audio o escucharlo online:
  
  

En México, junto a Alejandro Valle Baeza, Gloria González Martínez y alumnos.

El monopolio en el marxismo del siglo XX

Las notas sobre monopolio y competencia “a lo Marx” (aquí y aquí) polemizan con la idea de que en el siglo XIX, y hasta 1880, aproximadamente, la competencia constituyó el mecanismo regulador de los mercados capitalistas (nacionales y mercado mundial), y que a partir de 1880 ese mecanismo pasó a ser de tipo monopólico (o, más precisamente, oligopólico). Éste es el eje de las diferencias que mantengo con la tesis del monopolio. Por supuesto, los defensores de la tesis del monopolio siempre explicaron que la competencia no había desaparecido en el siglo XX. Sin embargo, enfatizaron que la competencia había pasado a tener un rol subordinado desde fines del siglo XIX, y que esto encerraba un cambio cualitativo en la forma de regulación del capitalismo. Fue la posición de Paul Baran, Paul Sweezy, Maurice Dobb y Ernest Mandel, quienes influyeron decididamente en la formación del pensamiento de la izquierda sobre el monopolio y la competencia. A fin de contribuir al estudio de esta importante cuestión, en esta nota presento lo esencial de sus posiciones sobre el monopolio, una reflexión sobre el contexto que reflejan esos escritos, y su diferencia con el presente.

El monopolio en Baran y Sweezy

La idea que domina en los escritos de Baran y Sweezy es que en el capitalismo maduro la competencia se ha atenuado, y que la regulación monopolista ocupa el primer plano. En El capital monopolista, de amplia difusión en los años 1960 y 1970, Baran y Sweezy escribían: “Debemos reconocer que la competencia, que fue la forma predominante de las relaciones de mercados en el siglo XIX, ha cesado de ocupar tal posición, no solamente en Inglaterra, sino en todas partes del mundo capitalista. Hoy la unidad económica típica en el mundo capitalista no es la pequeña firma que produce una fracción insignificante de una producción homogénea para un mercado anónimo, sino la empresa en gran escala que produce una parte importante del producto de una industria, o de varias industrias, y que es capaz de controlar el precio, el volumen de la producción y los tipos y cantidades de inversiones” (Baran y Sweezy, 1982, p. 10).

La misma idea la encontramos en Baran (1969), una obra que fue clave para la posterior teoría de la dependencia: “La concentración y centralización del capital hizo avances gigantescos, y las grandes empresas se adueñaron de la vida económica… Al destrozar el mecanismo competitivo que regulaba, para bien o para mal, el funcionamiento del sistema económico, las grandes empresas se convirtieron en la base del monopolio y del oligopolio, que son los rasgos característicos del capitalismo moderno” (p. 22). En este contexto, tiende a desaparecer la guerra de precios: “… los gigantes monopolistas … protegidos por sus posiciones de monopolio, no necesitan molestarse por reducir al mínimo sus costos ni aumentar al máximo su eficacia” (p. 55). También escribe: “la competencia de precios en condiciones de oligopolio tiene la tendencia a hacerse cada vez más odiosa para los empresarios involucrados. Cualquier reducción moderada de los precios, por parte de un oligopolista que pretenda aumentar su parte del mercado, será inmediatamente neutralizada mediante reducciones correspondientes de los precios de los otros oligopolistas…. . Por otra parte, una guerra de precios a muerte entre los gigantes oligopolistas requerirá cantidades de capital tan grandes e involucrará riesgos tan enormes, que se prefiere el arreglo a la lucha ruinosa. Se concluyen acuerdos más o menos explícitos o se establece una “colusión de precios”, que tiene como consecuencias la eliminación de la competencia aniquiladora y la aceptación, por las partes contratantes, del principio de vivir y dejar vivir, más que el intentar destruirse una a otra” (pp. 101-2). Obsérvese que no se trata de si existe una tarifa aduanera aquí, o una devaluación competitiva allá, sino de una perspectiva global del mercado y de la forma en que se regula la distribución de los tiempos de trabajo, o avanza el cambio tecnológico. “Vivir y dejar vivir”, en lugar de guerra entre los capitales. Como resultado del freno de la competencia, el dominio del monopolio generaba la tendencia al estancamiento de las fuerzas productivas en los países adelantado, y el bloqueo del desarrollo industrial en los países atrasados.

De nuevo, inflación, salarios y Kicillof

En una nota anterior demostré que el doctor Kicillof incurre en un disparate cuando afirma que, según Keynes, la inflación no reduce los salarios de los trabajadores. En la misma también sostuve que el alza de precios significaba, para muchos sectores, una caída de los salarios en términos reales. Pocos días después, un viejo y querido amigo, defensor del kirchnerismo, escribió una breve respuesta a mi nota, diciendo que desde el punto de vista teórico yo estaba en lo correcto, pero que en la práctica no se verificaba que los salarios reales -de los estatales, por ejemplo- estuvieran siendo afectados por la inflación. “Astarita tiene razón en la teoría, pero no en la práctica”, venía a decir mi amigo, y concluía que para comprobar que los salarios no estaban siendo erosionados por la inflación no hacía falta ser doctor en economía.

Pues bien, un examen incluso superficial de lo que está ocurriendo por estos días parece desmentir a mi amigo. Lo que decía Keynes, que los salarios reales bajan por efectos de la inflación, y que éste es el caso más general, tiene su correspondencia con lo que está ocurriendo “en la práctica”. No es un secreto que por estos días varios sindicatos estatales y docentes están impulsando la apertura de las paritarias. ¿La razón? Sencilla: consideran que el proceso inflacionario está afectando el salario real de todos los sectores que firmaron aumentos por debajo del 24%. Y no necesitan ser doctores en economía para entenderlo. El IPC promedio que miden las provincias indica que la inflación estaría en el 23% anual; según las consultoras privadas, sería del 25%. Por lo tanto, se está produciendo una caída del salario real de los trabajadores cuyos gremios firmaron aumentos por debajo del 23% o 24%. Algunos ejemplos: en la provincia de Buenos Aires el alza promedio de los estatales fue del 19% (con sectores que no alcanzaron el 17%); los docentes universitarios firmaron por el 20,5%; los mecánicos de SMATA por el 18%. Por eso, muchos gremios están pidiendo la reapertura de las negociaciones salariales. No lo harían si los salarios se acomodaran más o menos automáticamente a los aumentos de los precios, como dijo Kicillof que decía Keynes.

Competencia “a lo Marx” y monopolio (II)

(Continúo aquí la nota anterior).

Tendencia a la concentración y contratendencia

Uno de los errores más difundidos es la idea de que la tendencia a la concentración y centralización del capital debía llevar al sistema capitalista a un punto de cambio cualitativo, a partir del cual el monopolio comenzara a prevalecer por sobre la competencia; ese punto, se dice, habría sido alcanzado a fines del siglo XIX. A partir de entonces la competencia habría pasado a un segundo plano. Sería el desenlace natural del impulso a la concentración y centralización del capital (tendencias analizadas por Marx en el capítulo 23 del tomo 1).

El problema con esta visión es que peca de unilateral y mecánica. Lógicamente, no se puede negar que en algún momento el sistema capitalista desemboque en el dominio de los monopolios, pero lo cierto es que hasta el presente la centralización del capital avanzó desplegando tendencias contradictorias. Es que a la par que avanzan la concentración y centralización, también aumenta el número de capitales que entran en competencia. “El incremento del capital social se lleva a cabo a través del incremento de muchos capitales individuales. Presuponiendo que no varíen todas las demás circunstancias, los capitales individuales -y con ellos la concentración de los medios de producción- crecen en la proporción en que constituyen partes alícuotas del capital global social. Al propio tiempo, de los capitales originarios se desgajan ramificaciones que funcionan como nuevos capitales autónomos. (…) con la acumulación del capital crece en mayor o menor medida el número de capitalistas” (Marx, 1999, t. 1, p. 777).

La realidad es que constantemente surgen nuevas ramas de producción donde se generan nuevos capitales. También se incorporan países en los que se desarrolla el capitalismo, dando lugar a la formación de nuevos capitales que compiten en los mercados mundiales. Pero además, en las ramas ya instaladas, el cambio tecnológico con frecuencia favorece la aparición de capitales que presentan batalla exitosamente a los antiguos, especialmente si éstos deben soportar altos costos para mandar a desguace equipos y máquinas obsoletas. Por eso, se trata de dos tendencias, a la centralización y concentración, por un lado, pero también al surgimiento de nuevas unidades del capital. Como resultado, la ley del valor opera a escala cada vez mayor. En la medida en que los capitales crecen por la concentración y centralización, tienen más poder para incursionar en nuevos mercados. Y constantemente aparecen nuevos competidores, adquiriendo la lucha competitiva dimensiones mundiales.