YPF, Chevron y liberación nacional

Los medios informan que YPF acaba de cerrar un acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron para avanzar de manera conjunta en la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. La inversión inicial será de 1000 millones de dólares, y se perforarán más de 100 pozos en el primer año. Si las cosas marchan como esperan las empresas, podría llegarse a una inversión de 15.000 millones de dólares. Por el acuerdo, YPF otorga a Chevron un derecho de exclusividad por cuatro meses para negociar los términos y condiciones finales por las cuales YPF cederá el 50% de la participación en la explotación de las áreas de Loma de la Lata Norte y Loma Campana.

YPF también ha llegado a un acuerdo por 500 millones de dólares con Eduardo Eunerkian para desarrollar la explotación de Vaca Muerta, y estaría cerrando otro con Bridas (una joint venture entre el grupo Bulgheroni y la china Cnooc). Galuccio, presidente de YPF, ha explicado que la empresa piensa invertir 24.700 millones de dólares hasta 2017 de su flujo propio, y obtener fondos externos hasta completar los 40.000 millones. El marco jurídico de todos estos acuerdos está conformado por la ley de inversiones extranjeras, dictada por la dictadura militar, y los decretos de desregulación de la actividad petrolera, que vienen desde el gobierno de Menem.

Las reservas no convencionales de Argentina serían las terceras en el mundo, estimadas en un equivalente a 23.000 millones de barriles de petróleo. Chevron es la segunda empresa petrolera de EEUU. Recordemos también que ha sido condenada por la Justicia de Ecuador a pagar 18.000 millones de dólares de indemnización por haber contaminado durante años la selva amazónica. La explotación de yacimientos no convencionales es cuestionada por muchos expertos, que sostienen que encierra peligros de contaminación ambiental que no han sido debidamente evaluados y estudiados. De hecho, algunos países europeos mantienen la prohibición de este tipo de explotación. Sin embargo, en EEUU la producción no convencional ha tenido un amplio desarrollo, y en Argentina el gobierno intenta seguir ese camino.

El acuerdo firmado con Chevron debe ponerse en un contexto más amplio. El 13 de septiembre, en la celebración del Día del Petróleo, Kicillof dijo que “queremos que las empresas hagan buenos negocios”; y presentó como una señal positiva el aumento a 7,5 dólares por millón de BTU del gas que extraen YPF y otras empresas. El precio estaba en 2,3 dólares, en tanto que el gas importado de Bolivia llegó a pagarse 12 y 13 dólares. Durante mucho tiempo partidos de la oposición y diferentes medios dijeron que esto era irracional, pero los K-defensores respondían que se trataba de argumentos de la derecha. Sin embargo, el creciente el déficit energético (3500 millones de dólares este año en la balanza gasífera) obligó al aumento, anunciado por la presidenta como un gran paso adelante. Poco después, en el encuentro con los petroleros, Kicillof explicaba: “Para llevar a cabo este aumento de producción se debe tener en cuenta la rentabilidad de la inversión en estos costosos proyectos y el tiempo de repago de estas, que en muchos casos exceden los plazos de las concesiones”.

Moyano versus gobierno y una postura desde el marxismo

El conflicto entre el sindicato de Camioneros y el gobierno divide aguas en la política argentina, y de manera tajante. Es que Moyano ha puesto en primer plano tres reivindicaciones que afectan al conjunto de los trabajadores, que son el impuesto a las ganancias sobre los salarios, las asignaciones familiares para los ingresos mayores a 5200 pesos, y la ruptura del tope que quiere imponer el gobierno a las discusiones salariales. Por supuesto, se puede objetar que Moyano convocó al paro y a la movilización a la plaza de Mayo de forma burocrática, y motivado en buena medida por las diferencias que mantiene con la presidenta. Sin embargo, el hecho clave es que las reivindicaciones mencionadas interesan a los trabajadores de conjunto, y por eso los esfuerzos de los defensores del gobierno para debilitar el reclamo y aislar a los camioneros. Los K-argumentos son variados. Así, se sostiene que es irresponsable poner en jaque servicios básicos por demandas salariales o condiciones de trabajo; que hay que anteponer los intereses nacionales a los sectoriales; que es necesario defender “el modelo productivo y con inclusión social”; que Moyano es funcional a los intereses de Clarín (“llama a un paro nacional desde TN”, se observa); y que ir a la Plaza de Mayo implicaría fortalecer a la burocracia sindical. Pero no son argumentos sólidos.

En primer lugar, hay que decir que la mayoría de las huelgas afectan, de una manera u otra, servicios esenciales, por la simple razón de que el trabajo asalariado es la base sobre la que se levanta la sociedad entera, con sus expresiones políticas, jurídicas, culturales e ideológicas. Pero además, en la sociedad capitalista el trabajo es explotado (un “detalle” que pasan por alto los K-revolucionarios) y en consecuencia, la manera más efectiva que tienen los explotados de defender el salario y condiciones laborales es con la huelga, con la negativa a trabajar. Por eso, incluso sectores de la derecha muy enfrentados al gobierno rechazan y critican a los trabajadores. “Afectan a la población”, “perjudican a otros trabajadores”, “los usuarios son los rehenes”, son las cantinelas que machacan sin descanso los grandes medios, y repiten como loros los funcionarios y los defensores de la presidenta. Lo mismo dicen cuando hay paros de subterráneos, o colectivos, o de cualquier otro servicio. Es la forma más efectiva que tienen siempre los reaccionarios para salir en defensa del capital, y del estado capitalista, cuando hay conflictos gremiales. Es necesario enfrentar ese discurso, ya que apunta a debilitar el derecho de huelga, y prepara el terreno ideológico y político para avanzar con medidas represivas. Entre ellas, la aplicación de la reaccionaria Ley de Abastecimiento, y sacar a la calle a la Prefectura y Gendarmería.