YPF, Chevron y liberación nacional

Los medios informan que YPF acaba de cerrar un acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron para avanzar de manera conjunta en la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. La inversión inicial será de 1000 millones de dólares, y se perforarán más de 100 pozos en el primer año. Si las cosas marchan como esperan las empresas, podría llegarse a una inversión de 15.000 millones de dólares. Por el acuerdo, YPF otorga a Chevron un derecho de exclusividad por cuatro meses para negociar los términos y condiciones finales por las cuales YPF cederá el 50% de la participación en la explotación de las áreas de Loma de la Lata Norte y Loma Campana.

YPF también ha llegado a un acuerdo por 500 millones de dólares con Eduardo Eunerkian para desarrollar la explotación de Vaca Muerta, y estaría cerrando otro con Bridas (una joint venture entre el grupo Bulgheroni y la china Cnooc). Galuccio, presidente de YPF, ha explicado que la empresa piensa invertir 24.700 millones de dólares hasta 2017 de su flujo propio, y obtener fondos externos hasta completar los 40.000 millones. El marco jurídico de todos estos acuerdos está conformado por la ley de inversiones extranjeras, dictada por la dictadura militar, y los decretos de desregulación de la actividad petrolera, que vienen desde el gobierno de Menem.

Las reservas no convencionales de Argentina serían las terceras en el mundo, estimadas en un equivalente a 23.000 millones de barriles de petróleo. Chevron es la segunda empresa petrolera de EEUU. Recordemos también que ha sido condenada por la Justicia de Ecuador a pagar 18.000 millones de dólares de indemnización por haber contaminado durante años la selva amazónica. La explotación de yacimientos no convencionales es cuestionada por muchos expertos, que sostienen que encierra peligros de contaminación ambiental que no han sido debidamente evaluados y estudiados. De hecho, algunos países europeos mantienen la prohibición de este tipo de explotación. Sin embargo, en EEUU la producción no convencional ha tenido un amplio desarrollo, y en Argentina el gobierno intenta seguir ese camino.

El acuerdo firmado con Chevron debe ponerse en un contexto más amplio. El 13 de septiembre, en la celebración del Día del Petróleo, Kicillof dijo que “queremos que las empresas hagan buenos negocios”; y presentó como una señal positiva el aumento a 7,5 dólares por millón de BTU del gas que extraen YPF y otras empresas. El precio estaba en 2,3 dólares, en tanto que el gas importado de Bolivia llegó a pagarse 12 y 13 dólares. Durante mucho tiempo partidos de la oposición y diferentes medios dijeron que esto era irracional, pero los K-defensores respondían que se trataba de argumentos de la derecha. Sin embargo, el creciente el déficit energético (3500 millones de dólares este año en la balanza gasífera) obligó al aumento, anunciado por la presidenta como un gran paso adelante. Poco después, en el encuentro con los petroleros, Kicillof explicaba: “Para llevar a cabo este aumento de producción se debe tener en cuenta la rentabilidad de la inversión en estos costosos proyectos y el tiempo de repago de estas, que en muchos casos exceden los plazos de las concesiones”.

La estatización de YPF

“YPF recuperada. Patria sí, colonia no”. El cartel, colgado en una avenida muy transitada del sur del Gran Buenos Aires, y firmado por el partido Comunista, resume el entusiasmo que ha despertado en la población, y en amplios sectores de la izquierda, la expropiación de parte del paquete accionario de YPF. Dado que personalmente no comparto este entusiasmo, en lo que sigue presento algunas reflexiones sobre el significado de esta medida. Mi objetivo es, en primer lugar, ubicar la estatización de YPF en tendencias que están operando a nivel mundial, y en su perspectiva histórica. En segundo término, analizar la medida en relación al “modelo K” de crecimiento. En tercer lugar, argumentar por qué no estamos ante la vuelta del estatismo anterior a las privatizaciones del 90. Esta nota se complementa con otras que he escrito sobre el capitalismo de Estado (ver aquí) .

¿Qué es una empresa capitalista de Estado?

El primer punto a señalar es que se ha producido un giro bastante importante en la noción misma de qué se entiende por una empresa capitalista de Estado (en adelante, ECE). Hace algunas décadas atrás el tema parecía claro: una ECE era propiedad del Estado, y la dirigía un directorio nombrado por el Estado. En Argentina, los ejemplos típicos eran YPF, ENTEL, Aerolíneas Argentinas, y similares. Por eso, todavía a fines de los años 1980, cualquier apertura de la propiedad al capital privado era entendida como una “privatización”. Así, por ejemplo, la propuesta de Rodolfo Terragno, ministro del gobierno de Alfonsín, de que YPF, y otras ECE, salieran a bolsa y colocaran el 49% de sus stocks accionarios entre inversores privados, para que el Estado retuviera el 51%, fue considerada, lisa y llanamente, una privatización (y por muchos, una traición a la patria). Hoy, sin embargo, la compra por parte del Estado del 51% de las acciones de YPF parece habilitar para calificarla de “empresa estatal”, y saludar la medida como un acto de liberación nacional. Esto muestra entonces que en la actualidad existen diversos grados de injerencia estatal, y que los límites entre lo privado y estatal, en alguna medida, se han difuminado. Según algunos criterios, son ECE aquellas empresas en las que el Estado tiene un control significativo. La UNCTAD, por ejemplo, considera ECE a las empresas en que el Estado tiene más del 10% del paquete accionario. Por eso, y de acuerdo a este criterio, Sudáfrica tendría más empresas multinacionales estatales que China (54 contra 50), e YPF habría sido una ECE hasta 1999. Otros consideran ECE aquellas empresas que son totalmente propiedad del Estado. Es el criterio que aplica la OCDE para analizar la situación en China. Y otros solo consideran estatales a las empresas en que el Estado es propietario de más del 50% de las acciones. En definitiva, y volviendo a YPF, se la consideraría “estatal” según los criterios actuales, pero no de acuerdo a los parámetros “estatistas” anteriores a los 90. Algo así como que la “patria” que hoy reivindica el PC es una patria “al 51%” (y cotizando en bolsa, dicho sea de paso).